La reforma constitucional que aprobó el Congreso local para encumbrar a Víctor Carrancá Bourget como Fiscal General del estado podría no contar con el respaldo de los ayuntamientos, advirtió Ana Isabel Allende Cano, presidenta estatal del PRI.

Cabe señalar que la reforma será válida una vez que al menos la mitad de los 217 ayuntamientos de la entidad la aprueben, y de éstos, 85 están gobernados por el Partido Revolucionario Institucional o en coalición con el Partido Verde.

Este jueves, un día después de que el Congreso aprobó la reforma para crear la Fiscalía del estado, Allende Cano aclaró que el apoyo que dio su bancada fue para generar una “condición de autonomía entre los poderes”, pero no valida la llegada automática del funcionario morenovallista.

Al acudir a la ciudad de Tehuacán, en donde se realizó el Segundo Foro “Diálogos por la Puebla que queremos”, recordó que la ratificación de Víctor Carrancá como titular de la Fiscalía General del Estado aún depende de la aprobación de los 217 ayuntamientos.

“Efectivamente, por parte del Congreso está el tema de la Fiscalía. Será un tema que seguirá dando de qué hablar. Irá a ser refrendado por los ayuntamientos porque es una reforma constitucional y seguramente en muchos ayuntamientos también se encontrarán  con la misma situación de que no están de acuerdo de que Víctor Carrancá sea el primer fiscal del estado”.

Pese a que líderes de movimientos sociales y políticos acusaron un “perfil represor” del funcionario, las fracciones del PAN, PRD, Compromiso por Puebla y Nueva Alianza se impusieron para que en el pleno no se discutiera el nombramiento en automático del procurador, quien permanecerá como Fiscal General del Estado los próximos siete años.

Allende Cano manifestó que la LIX Legislatura estaba obligada a abrir el proceso de selección del primer fiscal de la entidad, y no se tenía que imponer a Carrancá Bourget por medio de un artículo transitorio, con lo cual se abre la intromisión del gobierno en la impartición de justicia.

“Lo que hemos criticado es que el gobierno del estado se pueda entrometer en la procuración de justicia;  decimos sí a la fiscalía pero no a que el fiscal sea quien hoy está al frente de la Procuraduría”.

Para que Carrancá Bourget asuma la función de Fiscal General del Estado será necesario que la mitad más uno -109- de los 217 ayuntamientos aprueben las modificaciones que los diputados hicieron a los artículos 95, 96, 97 y 98 de la Constitución local.

Cabe señalar que actualmente los alcaldes de 85 municipios son emanados del PRI o llegaron a sus cargos mediante coaliciones con el Partido Verde, no obstante aún no alcanzan la mitad de los ayuntamientos necesarios para invalidar o consolidar la reforma.

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