En promedio, siete recomendaciones de derechos humanos ha recibido de forma anual Víctor Antonio Carrancá Bourget durante los cinco años que tiene al frente de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), periodo en el que a la par el presupuesto de esta dependencia pasó de 459.7 a 743.6 millones de pesos.

Este martes, el Congreso del Estado ungió como Fiscal General del estado a Carrancá, cargo que culminará hasta el año 2022. 

En la PGJ, al funcionario estatal le remitieron 35 recomendaciones por parte de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDHEP) y figura en el expediente por violaciones graves a las garantías individuales que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) elaboró por el caso Chalchihuapan.

El caso Chalchihuapan

El 9 de julio de 2014 policías estatales dispersaron una manifestación de pobladores de la junta auxiliar de Chalchihuapan, ubicada en el municipio de Santa Clara Ocoyucan, los cuales exigían al gobierno del estado que les restituyeran el Juzgado del Registro Civil.

En el operativo los elementos de Seguridad Pública lesionaron de muerte al niño José Luis Tehuatlie Tamayo con una lata de gas lacrimógeno y también resultaron heridos y detenidos habitantes de la comunidad, por lo que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 2VG al gobierno de Puebla en septiembre de ese año, misma que hasta la fecha no ha sido cumplida en su totalidad.

Sin embargo, antes de la emisión del informe de la CNDH, Carrancá dio a conocer la teoría de la PGJ sobre lo ocurrido en Chalchihuapan, la cual señalaba que fue un cohetón lanzado por los propios pobladores lo que lesionó a José Luis, aunque el organismo lo desestimó.

En el periodo de 2012 a 2015, la Comisión sólo ha emitido tres recomendaciones de ese tipo y una de estas corresponde a Puebla, las otras dos fueron dirigidas a los estados de Michoacán y Guerrero.

Siete recomendaciones por año  

A nivel local, la CDHEP dirigió 35 recomendaciones a Carrancá entre 2011 y 2015, es decir, un promedio de siete por año.

En 2011, el organismo estatal emitió nueve recomendaciones, las cuales han sido cumplidas según información del organismo.

Las observaciones hechas tuvieron que ver con actos como privación de la libertad personal, falsa acusación, lesiones y golpes por parte de agentes ministeriales, incumplimiento de un deber y negación a un derecho.

En 2012 las recomendaciones disminuyeron a siete, las cuales se emitieron por temas como seguridad jurídica y trato digno e integridad.

En 2013 el número disminuyó nuevamente a cinco por temas como integridad y seguridad personal, legalidad, propiedad y posesión.

Durante 2014, la CDH del estado emitió a la PGJ nueve recomendaciones, de las que dos están en trámite y el resto ya fueron cumplidas.

En 2015, se contabilizan cinco recomendaciones dirigidas al procurador por temas como seguridad e integridad personal, seguridad jurídica, de las que una está en trámite y el resto ya fueron cumplidas.

Crece presupuesto

A la par, el presupuesto con el que contó la PGJ también creció en entre 2011 y 2015, pues este pasó de 459.7 a 743.6 millones de pesos, lo que representa un aumento del 61 por ciento en términos nominales, equivalente a 283.9 millones.

En 2012 los recursos con los que contó la dependencia ascendieron a 525.4 millones de pesos, en 2013 la cantidad fue de 637.6 millones, en 2014 a 711.4 millones, en 2015 a 743.6 millones.