En apenas 24 horas y sin cambios a la propuesta original, las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia, aprobaron la reforma con la que el actual procurador de justicia, Víctor Antonio Carrancá Bourget, se convertirá en Fiscal General del Estado por un periodo de siete años.

Cabe señalar que el funcionario encabeza a la Procuraduría General de Justicia desde el 2011, y es el único funcionario del gabinete estatal que no ha sido cambiado, por lo que sumaría 11 años como encargado del área.

Con la propuesta que impulsaron los c oordinadores legislativos, la Procuraduría General de Justicia se convertirá en la Fiscalía General del Estado, la cual contará con “autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio”, como se indica en el artículo 95 de la Constitución Política del estado.

"El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos", señala la propuesta que ingresó al congreso apenas el miércoles.

Tras discutir el proyecto, Susana Riestra Piña y Víctor León Castañeda, presidentes de ambos órganos legislativos, minimizaron las críticas que organizaciones no gubernamentales han hecho a Carrancá Bourget por su desempeño en los casos como el de Chalchihuapan y la falta de esclarecimiento de los feminicidios registrados en el sexenio.

Aunque la propuesta se aprobó en comisiones, el dictamen tendrá que remitirse al pleno para su validación. Sin embargo, al tratarse de una reforma constitucional, la mitad de los 217 ayuntamientos tendrán posteriormente que dar su voto a favor para que la reforma entre en vigor.

Si bien la propuesta es parte de una armonización con la Carta Magna y se indica el proceso para designar al Fiscal General, los legisladores determinaron incluir un artículo segundo transitorio, en el cual se específica la titularidad de la Fiscalía General del Estado recaerá en el procurador que se encuentre en funciones cuando la reforme entre en vigor y desempeñará el cargo por siete años, lo que corresponderá a Carrancá Bourguet.

Una vez que el primer fiscal concluya con su encargo,  es decir hasta el 2022, el Congreso integrará una lista con 10 aspirantes, la cual se enviará al Ejecutivo para que éste seleccione a tres perfiles y se regresen al legislativo, para que en una votación de dos terceras partes del pleno se elija al siguiente fiscal.

La iniciativa prevé que el Ejecutivo estatal pueda remover al Fiscal General del Estado, pero se permitirá que el Congreso, a petición de la mayoría de los diputados,  apele a la decisión dentro de un plazo de 10 días.

En caso de que los legisladores no vayan en contra de la disposición, se abrirá el procedimiento de selección  del nuevo Fiscal General del Estado, como lo indica el artículo 97 fracción IV.