Con una reforma a la Constitución del estado, el Congreso  local beneficiará al actual procurador de justicia Víctor Antonio Carrancá Bourget al designarlo como fiscal general de Puebla, cargo que ocupará por siete años.

Jorge Aguilar Chedraui, coordinador de la bancada del PAN, sostuvo que la propuesta cuenta con el respaldo de todas las fracciones legislativas y que, una vez que sea aprobada por el LIX Legislatura, se enviará a los 217 municipios para que el 50 por ciento de los cabildos avale la modificación y la reforma pueda entrar en vigor.

En entrevista, el panista confirmó que la propuesta que se trabajó prevé que el cargo de Fiscal General del estado lo ocupe el actual titular de la Procuraduría General de Justicia (PGJ),  Víctor Antonio Carrancá Bourget.

Lo anterior se plantea a través de la aprobación de un artículo segundo transitorio, en el cual se específica que la titularidad de laFiscalía General del Estado recaerá en el procurador que se encuentre en funciones en cuanto entre en vigor la reforma, y desempeñaráel cargo por siete años.

Agregó que una vez que el primer fiscal concluya con su encargo,  el Congreso integrará una lista con 10 aspirantes, la cual se enviará al Ejecutivo para que éste seleccione a tres perfiles y que dicha terna se regrese al legislativo para que en una votación de dos terceras partes del pleno se elija al siguiente fiscal.

Cabe señalar que el único funcionario que inició el sexenio y actualmente continúa en su mismo puesto es Carrancá Bourget, ya que en el resto de las dependencias del Ejecutivo se han dado enroques de funcionarios.

La propuesta también señala que la intención de convertir a la PGJ en Fiscalía General del estado es para dotarla de autonomía, con lo cual contará con "personalidad jurídica y patrimonio propio", tal como lo indica el artículo 95 de la Constitución.

"El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General del Estado, como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios, el cual se regirá por los principios de eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos".

La iniciativa, la cual se analizará por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, también prevé que el ejecutivo estatal pueda remover al Fiscal General del Estado, pero se permitirá que el Congreso, a petición de la mayoría de los diputados, apele a la decisión dentro de un plazo de 10 días.

En caso de que los legisladores no vayan en contra de la disposición, se abrirá el procedimiento de selección del nuevo Fiscal General del Estado, como lo indica el artículo 97 fracción IV.

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