La alerta de género no es una cuestión política, es una medida necesaria en Puebla y México debido a la gran cantidad de desaparecidas, casos de trata y violencia contra las mujeres, apuntó Patricia OlamendiTorres, consultora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) para México y Centroamérica.

Entrevistada en el marco del Segundo Congreso Internacional de Derecho Procesal Penal, en el Complejo Mexicano de Capacitación (CMC), Olamendi Torres dijo que en lugar de invertir tanto dinero en las campañas políticas se deberían destinar fondos a la prevención de la violencia contra las mujeres, pues resultaría más barato para el Estado prevenir que reparar los daños de las agresiones.

Desde agosto de este año el Congreso del estado delegó en la CDH Puebla el análisis y trámite de la alerta de género en el estado, después de la desaparición de Paulina Camargo Limón, de 19 años de edad y 18 semanas de embarazo.

La Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla abrió un expediente, a cargo de la Primera Visitaduría, para solicitar la posible alerta de género en el estado por los casos de feminicidios. Sin embargo aún no revela los resultados del análisis ni si ha solicitado la alerta.

Alerta es necesaria

La especialista comentó que la alerta de género es necesaria en todo México debido al alto grado de impunidad con respecto a los feminicidios, más del  95 por ciento, y a que siete de cada diez mexicanas han padecido violencia por lo menos una vez en su vida.

"Ni siquiera hay que discutir la alerta; es un error ponerla a discusión. La alerta está dentro de una ley y tiene que operar inmediatamente (...) Es una medida de prevención no es una medida política. Por favor, señores de la política, no es contra ustedes la medida, es una medida para prevenir la violencia y así se tiene que ver", destacó la consultora de UNIFEM.

En Puebla, a más de tres meses de que la diputada local Geraldine González solicitó al Congreso estatal pedir la alerta, aún no se inicia el trámite ante la Secretaría de Gobernación federal (Segob).

De acuerdo con el Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG), de la Universidad Iberoamericana de Puebla, tan sólo en 2015 han ocurrido 67 posibles feminicidios y unos 240 durante la administración morenovallista.

Hay resistencia

Para Patricia Olamendi la resistencia de las autoridades para solicitar la alerta de género se debe al machismo que abunda en ministerios públicos, policías y jueces, por ello dijo que también es necesario implementar una reforma para sancionar a los servidores públicos que no den medidas de protección a las víctimas o no detengan a los agresores.

Este año se declaró la alerta para tres estados de México: en julio pasado para 11 municipios del Estado de México, el 10 de agosto para ocho de Morelos y el 29 de noviembre para seis de San Luis Potosí.

Brahim Zamora, del Observatorio de Derechos Sexuales y Reproductivos (Odesyr), manifestó que en Puebla se necesitaría para tres regiones: zona Metropolitana, San Martín Texmelucan y la mixteca.  

Aunado a la falta de sensibilidad y machismo de las autoridades, la violencia contra las mujeres en México se volvería cada vez más sofisticada -dijo Olamendi- debido a la participación del crimen organizado en desapariciones, secuestros, explotación sexual y asesinatos de mujeres.

Las procuradurías estatales ocultan los datos de violencia contra las mujeres y por ello no se puede tener un panorama claro de hasta dónde llega la agresión, señaló.

Necesaria prevención

Ante esta situación la experta dijo que es necesario que se inviertan más recursos en prevenir la violencia, principalmente en refugios para mujeres, y menos en las campañas políticas.

"En México gastamos demasiado dinero en las campañas políticas, es casi inhumano el costo de las campañas políticas (...) El problema real es que en México no se están destinando recursos a la prevención; en el país tenemos casi 60 refugios (para mujeres) y tenemos 67 por ciento de mujeres víctimas de violencia, que representan casi 38 millones de mujeres", agregó.

Los recursos en prevención, además de traer beneficios para familias completas, resultan más baratos para el Estado que la atención de un caso de feminicidio.