El arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, señaló que los sacerdotes de su diócesis tienen la instrucción de actuar como pacificadores en situaciones de linchamientos, como el ocurrido en Ajalpan esta semana.

El líder católico mencionó que la muerte de los dos jóvenes encuestadores en Ajalpan, al sur del estado de Puebla, que fueron acusados de secuestrar a una menor, es muy lamentable y en sentido vio bien que el gobierno estatal tome el control de la seguridad.

"Mientras haya seguridad municipal, estatal o federal yo estoy de acuerdo, porque hay que poner orden en ese tipo de cosas. La seguridad que sea necesaria, con tal de que no pasen esas cosas, porque son dos vidas, dos familias que en este momento están sufriendo", agregó el arzobispo.

Manifestó que si bien la zona de Ajalpan pertenece a la diócesis de Tehuacán,  los sacerdotes y religiosas que están bajo su mando tienen la instrucción de actuar como pacificadores.

"Los padres siempre tienen mi invitación tratar de calmar este tipo de actos, en todas partes de mi arquidiócesis los sacerdotes tienen la indicación de calmar los ánimos cuando haya este tipo de dificultades", agregó Sánchez Espinosa.

El mismo lunes en La Resurrección, junta auxiliar de la ciudad de Puebla, la población casi lincha a un presunto ladrón, golpeó a policías municipales y saqueó la alcaldía adjunta.

El grupo antimotines de la policía estatal, en este caso, logró rescatar al posible ladrón y consignar ante las autoridades.

Víctor Sánchez dijo al respecto que esas comunidades, como San Miguel Canoa, La Resurrección y San Aparicio, con mucha frecuencia se levantan y por ello los religiosos de esa zona tienen la indicación de calmar lo más que se pueda.

"Son comunidades que sin duda han tenido algunas dificultades y por eso se alteran un poquito, pero vamos a trabajar todos para que haya paz", finalizó.

Es importante recordar que los presidentes auxiliares de Canoa y La Resurrección, Raúl Pérez y Leonardo Báez, respectivamente, están en prisión por oponerse a la reforma a la Ley Orgánica Municipal que les quitó atribuciones para manejar el registro civil, nombrar a la policía comunitaria y a los jueces de paz.