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Gobierno busca controlar servicios municipales en Nopalucan
El Congreso del Estado analizará la iniciativa enviada por el gobernador Rafael Moreno Valle para que se autorice la celebración de un convenio con el ayuntamiento de Nopalucan para controlar los servicios públicos municipales.
El proyecto ingresó durante la sesión ordinaria y se remitió para su análisis y aprobación a las Comisiones de Hacienda y Patrimonio Municipal y Asuntos Municipales.
La iniciativa del ejecutivo es similar a la que en agosto pasado aprobaron los legisladores, y que permite a la administración estatal operar los servicios municipales de San José Chiapa, localidad en la que se construye la planta armadora Audi.
"Se remite el convenio de marco de colaboración entre el gobierno del estado de Puebla y el municipio de Nopalucan con el objeto de coordinar esfuerzos para la prestación de los servicios públicos municipales", refirió Francisco Rodríguez Álvarez, secretario de la Mesa Directiva.
El pasado 21 de agosto, los legisladores aprobaron una iniciativa por la que se permite que la administración estatal asuma, por un periodo de 30 años, la prestación de los servicios públicos, otorgar licencias sobre el ordenamiento y regulación del desarrollo urbano, administrar contribuciones y asesorar en la elaboración de reglamentos en el municipio de San José Chiapa.
Dentro de las facultades que tendrá el gobierno del estado o alguna de sus dependencias, está la de hacerse cargo en forma temporal de la prestación de servicios públicos como agua potable, drenaje y alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales, alumbrado público, limpia, recolección de basura en mercados, calles y parques.
Además, se encargará de otorgar las licencias, permisos o autorizaciones en materia de construcción, colocación de anuncios y funcionamiento de comercios, así como administrar las contribuciones generadas por el control de los servicios.
Dicha iniciativa se ampara en el artículo 115 de la Constitución, el cual refiere que los municipios podrán coordinarse para la eficaz prestación de los servicios públicos con dos o más estados, siempre que cuenten con la aprobación del Poder Legislativo