La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) advirtió de cinco riesgos que pueden afectar el desempeño de las finanzas públicas en el mediano plazo, aspectos que —en su opinión— se traducirían en desviaciones de ingresos presupuestarios y deuda.

“La evolución del entorno macroeconómico durante el ejercicio fiscal puede ser distinta a la prevista al momento de elaboración y aprobación de la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos; por ello se debe tener sensibilidad de lo que le pueda ocurrir a las finanzas públicas en el 2016”, sentenció según una nota del periódico El Economista.

En los Criterios Generales de Política Económica para el 2016, en el apartado 5.3 Riesgos fiscales, la SHCP detalló los riesgos en los que pueden incurrir las finanzas públicas en el transcurso de este año, dadas las condiciones de volatilidad que siguen prevaleciendo en el 2015.

Precio del petróleo

Como primer punto, explicó que el precio del petróleo seguirá teniendo efectos sobre las finanzas públicas, principalmente en dos aspectos.

Por un lado, un mayor precio incrementará los ingresos por exportaciones de petróleo; pero por otro, aumentará los gastos por importación de hidrocarburos para Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Se estima que el efecto neto de la caída en un dólar en el precio del petróleo sobre los ingresos petroleros del sector público es equivalente a una reducción de 3,700 millones de pesos para el 2016”, indicó.

Al 14 de septiembre, el precio del petróleo presenta una caída de 52% respecto del aprobado en el Paquete Económico del 2015.

Tipo de cambio

La dependencia afirmó que el tipo de cambio del peso frente al billete verde afecta los ingresos petroleros en moneda nacional, debido a que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo netas de importaciones de hidrocarburos.

Por tanto, una apreciación del tipo de cambio reduce los ingresos petroleros al mismo tiempo que disminuye el servicio de la deuda denominada en moneda extranjera.

“Se estima que una apreciación del tipo de cambio promedio de 10 centavos tiene un efecto neto sobre el balance público de -519.0 millones de pesos, derivado de una disminución en los ingresos petroleros de 1,499.2 millones de pesos y un aumento del costo financiero de 980.2 millones de pesos.

Producción petrolera

En el documento, la SHCP sentenció que una disminución de 50 millones de barriles de petróleo generará en el 2016 una caída de 12,560 millones de pesos en los ingresos petroleros.

Ello debido a que plataforma de producción de petróleo determina el nivel de ingresos petroleros a través de los recursos generados por extracción del hidrocarburo.

Tasas de interés

El cuarto riesgo, estimó la dependencia a cargo de Luis Videgaray, es que el impacto de una variación de 100 puntos base en la tasa de interés nominal sobre costo financiero del sector público (deuda tradicional y componente de la deuda del IPAB) es equivalente a 15,200 millones de pesos.

“La tasa de interés afecta directamente el gasto no programable del sector público, al incrementar el pago de intereses de la deuda a tasa variable y los costos de refinanciamiento de la deuda que vence”, puntualizó.

Más crecimiento, más ingresos

Entre los aspectos positivos evaluó que un crecimiento económico mayor al esperado incrementará —indudablemente— los ingresos públicos a través de aumentos en la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y de otros gravámenes.

Así, estimó que un aumento en el crecimiento económico real de 50 puntos base con respecto a lo esperado aumentaría los ingresos tributarios no petroleros en 10,921.1 millones de pesos en el 2016; Hacienda estimó un rango entre 2.6 y 3.6% para el Producto Interno Bruto (PIB).

Finalmente, la Secretaría de Hacienda aseguró que se llevarán las acciones necesarias para promover la estabilidad macroeconómica y financiera de la economía mexicana ante la materialización de cualquiera de los riesgos que alteren los ingresos o gastos de las previsiones aprobadas por el Congreso de la Unión.

Dentro de los Criterios Generales de Política Económica que forman parte de la Propuesta del Paquete Económico 2016, el gobierno federal supone que el precio del petróleo se ubicará en un promedio de 50 dólares por barril el año entrante, con una producción de 2 millones 247,000 barriles diarios.

Vaticina que el dólar cotizará en promedio 15.90 pesos y se anticipa que la economía alcanzará una expansión que fluctuará entre 2.6 y 3.6 por ciento.

De acuerdo con el gobierno, hay condiciones para esperar que la inflación llegará a 3% el año entrante, lo que facilitará la normalización de la política monetaria, que incluye el objetivo de la tasa de interés.

Así, estiman que al cierre del 2016, la tasa de interés nominal promedio de los Cetes cerrará en 4 por ciento.

En riesgo algunos proyectos de infraestructura para el 2016

El proyecto de Presupuesto de Egresos 2016 propone un incremento en las participaciones y aportaciones a los estados, que estará acompañado de una reducción de 23.58 por ciento en “convenios” y “otras transferencias”, que afectará las calificaciones crediticias de algunas entidades, dado que estos recursos son comúnmente usados para financiar proyectos de infraestructura, señaló Moody’s.

De acuerdo con otra nota del periódico El Financiero, la calificadora indicó que “bajo la actual propuesta, el sector podría presentar un marcado deterioro en su liquidez o un crecimiento en los niveles de endeudamiento”.

El presupuesto que se asignaría el año entrante por “convenios” y “otras transferencias” ascendería a 249.2 mil millones de pesos, con base en el proyecto, cifra inferior en 76.9 mil millones de pesos al aprobado en 2015 de 326.1 mil millones de pesos, detalló Francisco Vázquez Ahued.

El analista de subsoberanos de Moody’s, explicó que este monto incluye los recursos del Ramo 23 o Provisiones Salariales y Económicas y los destinados a los convenios de descentralización con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); “convenios entre estados, municipios y secretarías federales para fines múltiples”.

“La caída de este tipo de transferencias podría llevar a un aumento en la deuda, dado que los estados podrían optar por financiar proyectos de infraestructura planeados, a través del endeudamiento”, detalló la agencia.

Los estados de Guerrero con calificación Ba2/A2.mx, estable; Baja California Sur (no calificado), y Quintana Roo (no calificado) fueron las tres entidades donde crecieron más estas transferencias entre 2010 y 2014, por lo que podrían ser los más afectados, consideró la calificadora.

Vázquez Ahued explicó que el menor desarrollo de infraestructura tiene efectos en el corto plazo como menor generación de empleo.

Mientras que en el largo plazo tiene consecuencias negativas para el movimiento de mercancía y el desplazamiento de personal, que deriva en una menor competitividad.

“Más importante a largo plazo son las ganancias de competitividad y productividad que se tienen por infraestructura. Para las personas porque al tener mejores caminos llegan mejor a su trabajo y trabajan más y para las personas que entregan pedidos porque si los caminos están en buenas condiciones distribuirán más. En el corto plazo es un tema de empleos, sin duda”, expuso.

No obstante, consideró que de aprobarse la propuesta del Ejecutivo como está, las entidades recibirían más participaciones, recursos que son de libre disposición, por lo que podrían compensar faltantes por los recursos por Ramo 23, “convenios” y “otras transferencias”.

“El incremento de 11.9 por ciento en las participaciones propuesto por el gobierno federal mitigará un tanto el efecto de la reducción en transferencias de convenios”, añadió Moody’s.

Pero, esta opción no aplicaría para todos los estados, pues cada entidad tiene diferentes niveles de deuda y cuanto menor deuda tengan, mayor margen de maniobra tendrán para enfrentar 2016. También hay que considerar que los recursos de las participaciones dependen de los ingresos petroleros, la recaudación del ISR y IEPS a gasolinas. “El que las participaciones estén presupuestadas a un nivel, no forzosamente significa que vayan a alcanzarlo”, concluyó Vázquez Ahued.