Detener la privatización de los recursos hídricos que favorecen a empresas privadas y autoridades aliadas a estas y limitan el abasto en las comunidades indígenas, es una de las demandas que hacen organizaciones de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

El pronunciamiento, signado por líderes de comunidades como Las Balsas, de Francisco Z. Mena, Puebla, es parte de las conclusiones del diplomado Derechos humanos y prácticas comunitarias, en el que participaron 38 representantes de distintas poblaciones de esos estados.

El diplomado forma parte del proyecto Formación y acompañamiento para la defensa de los derechos humanos en la Región de Huayacocotla, impulsado por el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, de la Universidad Iberoamericana Puebla y Fomento Cultural y Educativo A.C. a través de Radio Huayacocotla.

En el pronunciamiento, las comunidades también destacan que a lo largo del país existen casos, testimonios y denuncias que evidencian la actuación de las autoridades del Estado mexicano, a quienes identificamos como causantes y responsables de violaciones sistemáticas a los derechos humanos y daños graves a la vida comunitaria.

La región de la Sierra, Huasteca y Totonacapan de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz enfrenta condiciones similares al resto de otras poblaciones, debido a las políticas depredadoras, al extractivismo, a la violencia legitimada por el Estado, a la impunidad y la falta de acceso a la justicia, salud, educación intercultural, medios de comunicación independientes, medio ambiente sano, libre asociación y manifestación de ideas, señala el documento firmado por las comunidades El Mirador, de Tlalchichilco, Veracruz; Tenamaxtepec, de Yahualica, Hidalgo; Taracuán, de Papantla, Veracruz; La Soledad, de Tlachichilco, Veracruz;  Álamo Temapache, Veracruz; Piltepeco, de Huautla, Hidalgo; Las Balsas, de Francisco Z. Mena, Puebla;  Tonchintlán, de Tianguistengo, Hidalgo; Jalamelco, de Xochicoatlán, Hidalgo, y Naopa, de Molango de Escamilla, Hidalgo.