El Juzgado Tercero de lo Penal resolverá la situación jurídica de José María “Chema” Sosa Álvarez hasta la tarde de este martes, por lo que su abogado y sus familiares confían en que pueda salir libre, pues aseguran que es inocente y tienen pruebas para demostrar que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) no cuenta con ningún elemento probatorio en su contra.

En rueda de prensa, el abogado Agustín Gracia García señaló que la única prueba que tiene la dependencia contra Chema es la confesión del asesinato de su novia Paulina Camargo Limón, quien presentaba 18 semanas de embarazo.

Dijo que, ante el juez, Chema se deslindó de esa declaración, es decir, que todo fue un invento de la PGJ para incriminarlo ya que incluso, mediante torturas, fue obligado a firmar la confesión obtenida increíblemente media hora antes de ser trasladado al Centro de Reinserción Social de San Miguel (Cereso).

“Chema refiere que fueron por él a la celda. Entró uno de los agentes ministeriales, le dio dos cachetadas, un golpe en la cabeza, entran otros dos, lo toman por los brazos, lo vendan, lo amarran de pies y manos y le ponen una especie de capucha en la cabeza, a partir de ahí él siente que lo siguen golpeando, lo sientan en una silla y le empiezan a echar agua hacia la cara”, relató.

“Él, semiacostado, vomita cuatro ocasiones. Los ministeriales se ensañaron un poquito más con él, lo siguen golpeando, le empiezan a quitar todas las cosas que le habían puesto, vendas, y por último… cuando le quitaron la venda de los ojos, un ministerial se queda, que José María afirma en su declaración, puede identificar y obviamente lo vamos a hacer”, sostuvo el jurista.

El papá de Chema, Luis Alberto Sosa Vázquez, aseguró que su hijo se encuentra muy golpeado de todo el cuerpo, adolorido de la cabeza y fatigado porque no ha podido descansar debido a las golpizas que recibió por los agentes ministeriales.

Además de estas irregularidades, Sosa Vázquez dijo que los peritos y policías ministeriales se han presentado dos veces en el departamento de Chema, en el infonavit La Margarita, para hacer una inspección. La primera vez ocurrió el pasado miércoles y la segunda ayer por la noche, sin embargo, en ninguna ocasión se encontraron indicios que acreditaran su participación en el homicidio.

Mencionó que han sido amenazados y hostigados por parte del personal de la PGJ, quien ha tratado de intimidarlos diciéndoles que si se oponen a las diligencias en el departamento serán desalojados por la fuerza pública o bien se les incautará el inmueble.

Por estas irregularidades, el abogado ya presentó cuatro quejas ante la Comisión de Derechos Humanos (CDH) Puebla y adelantó que el caso lo llevará a organismos nacionales e internacionales, aunado a que denunciará al procurador de Justicia, Víctor Carrancá Bourget, y a todos los funcionarios que incurrieron en las anomalías.