El Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría S J (IDHIE), de la Universidad Iberoamericana, celebró que la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) abriera la primera investigación por la violación de una reclusa en un penal.  El abuso de Marco Antonio Galván Ramírez, subdirector de Seguridad y Custodia del Penal de San Miguel a mujer privada de su libertad, constituye para  Galilea Cariño, directora del organismo, una evidencia de Trata en el Centro de Readaptación Social de Puebla.

Cariño, también especialista en temas de género y coordinadora en el tema de la Trata de Personas a nivel institucional, aseguró que la Averiguación 2426/2015/AESEX abierto recientemente, detona una lectura en la que se puede identificar el ejercicio de explotación sexual, laboral e incluso prostitución forzada en el CERESO. “En temas de Trata debe mirarse a las prisiones”, dijo.

“Tengo muy presente que alguna vez una reclusa me dijo: las mujeres somos el ganado para los hombres, en sus palabras reveló la cosificación que sufren las mujeres y que se agudizan en esas condiciones carcelarias.

Galilea Cariño calificó de trascedente la presencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) en el caso en contra de la Dirección del Centro de Readaptación Social de San Miguel por las violaciones graves al interior del penal iniciada el pasado 29 de julio.

“Es trascendente la presencia de la CDH Puebla pues se tendrá la oportunidad de visibilizar las violaciones de los derechos humanos de las mujeres privadas de su libertad. Para detener el ciclo de victimización constante de las mujeres en cárceles debe conocerse y documentarse sus condiciones”.

Señaló que de evidenciarse las deficiencias, será más fácil lograr que las presas en cárceles consigan una recuperación y reintegración óptima en la sociedad tras cumplir con sus sentencias.

Detalló que las prisiones poblanas fallan en dar la atención adecuada a esa población penitenciaria, incumpliendo con esto su obligación de adoptar medidas para asegurar que las mujeres bajo su custodia gocen de todos los derechos que les corresponden en su calidad de internas.

“Es muy valioso que la CDH Puebla tenga una presencia importante en la investigación, es una oportunidad para que  identifique los tipos de programas y talleres que les ofertan a estas mujeres, las condiciones en las que están viviendo, si los estándares internacionales se estén cumpliendo”, exhortó.

Aseguró que el IDHIE estará pendiente del seguimiento y se pronunciará por una revisión de cuentas desde una mirada integral de este grave delito denunciado.

Ser mujer: una cárcel dentro de la cárcel

En la investigación en la que participó Galilea Cariño “Mujeres Privadas de su Libertad ¿Mujeres sin derechos? que es un diagnóstico sobre la situación de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres Privadas de la libertad en los estados de Guanajuato, Guerrero, Puebla y Querétaro --- presentado en 2012---, se documenta que de la población total de los cuatro estados, el 17% de las mujeres se consideraron víctimas de agresión o abuso sexual, de las cuales el 13% afirmaron que dicha violencia se generó dentro de los centros de detención.

Sobre estas prácticas algunas mujeres refirieron haber sido víctimas de golpes, uso de bolsas de plástico en la cara, toques eléctricos en los senos, violencia psicológica como amenazas y violación.

“El 9% de las mujeres dijeron haber sido víctimas de algún tipo de abuso sexual a lo largo de su vida. De éstas, el 27% refirió que dicho abuso ocurrió al interior del centro de reinserción social. El 8% dijo haber sido víctima de algún tipo de presión psicológica para entablar relaciones sexuales; de ese porcentaje, el 18% de los casos tuvieron lugar al interior de los centros de reinserción social”

En este rubro, la mayor incidencia de casos se presentó en los centros del estado de Puebla, en donde el 10% de las mujeres mencionaron haber sufrido este tipo de agresión sexual.

El caso

El pasado martes el diario El Popular publicó la investigación del reportero Carlos Rocha quien citó las fuentes al interior de la cárcel de San Miguel señalando que el subdirector de seguridad habría llegado ebrio a laborar solicitando a sus subordinados que mandaran llevar a una de las internas a su oficina en la que presumiblemente ocurrieron los hechos.

La interna también denunció que ella y sus compañeras fueron llamadas al área de Control del penal, donde el supervisor, a quien le apodan “El Charmín” y el director de Seguridad y Custodia, Víctor Hugo Rosales García, les informaron que tendrían beneficios económicos a cambio de “favores sexuales”.

Rocha asegura que de acuerdo con las versiones, quienes contratarían el servicio "de compañía" serán los reos más solventes de la cárcel, quienes habitan en el dormitorio.

La publicación señalaba que el martes un equipo de peritos de la Procuraduría General de Justicia (PGJ)  se apersonaría en las instalaciones de la cárcel de San Miguel para tomar declaraciones tanto de las internas como del personal de seguridad, el hecho obligó a la CDH Puebla a presentarse también en el CERESO.

En versiones no oficiales existen acusaciones contra la directora Yazmín Márquez Rodríguez, quien forma parte del grupo de funcionarios que llegaron a la administración estatal con el ex secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas y que encubre las situaciones de terror que ocurren dentro del penal.

En el trabajo especial de Rocha se señala que “Tanto internos como exinternos, incluso algunas autoridades, se asumen como impotentes para deshacer la red que creó y mantiene Óscar Ramírez Martínez, exdirector del Centro de Readaptación Social de Puebla, quien además, auxiliado por el actual subdirector de Seguridad y Custodia, Marco Antonio Galván Ramírez, opera un negocio de prostitución del que también participan Rolando Martínez y Arturo Aparicio, alias Cochibombo”.