La Jueza Segunda Especial para Juicios Orales les negó la libertad caucional y el beneficio del arraigo domiciliario al ex director de la Policía Estatal, Marco Antonio Estrada López, y al ex jefe del Grupo de Operaciones Especiales (GOES), Tomás Mendoza Lozano, quienes solicitaron ampliación del término constitucional para presentar pruebas de su inocencia.

Ambos mandos fueron detenidos el pasado martes en el municipio de Tepeaca por elementos del Ejército Mexicano, por participar en la sustracción de combustible y sus vínculos con organizaciones que operan en la zona.

En la audiencia llevada a cabo este jueves a las 14:00 horas, en las instalaciones del Poder Judicial Federal, en Ciudad Judicial, se les decretó la legal detención, pero los detenidos se reservaron su derecho a declarar.

La jueza les negó el arraigo domiciliario debido a que uno de los acusados tiene su domicilio en el Distrito Federal y el otro en el municipio de Libres, por lo que en este caso no procede, ya que, de acuerdo con el marco jurídico, el beneficio sólo se concede cuando los acusados radican en el lugar del juicio.

Ante de esa determinación, el nuevo defensor de detenidos, Demetrio Benito Abundio, ex agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), impugnó y trató de justificar que los dos viven en la ciudad de Puebla porque aquí trabajaban.

Pese a ello, la jueza mantuvo su posicionamiento y sostuvo que no podía otorgarles la libertad. Además, se basó en el argumentó de la agente del Ministerio Público Federal adscrita a ese juzgado, quien dijo que los detenidos tenían más averiguaciones previas en su contra y por ese motivo merecen ser encarcelados.

De esta manera, el abogado solicitó ampliación del término constitucional, el cual empezó a surtir efecto a partir de las 13:00 horas y vencerá el próximo lunes. Durante este lapso, tendrá que presentar pruebas a favor de sus defendidos, de lo contrario estos serán vinculados a proceso (lo que anteriormente se le conocía como "auto de formal prisión").

Mientras tanto, la jueza les decretó la prisión preventiva para garantizar que no evadan la acción penal y fijó la fecha de la próxima audiencia, que será desahogada el lunes 20 de julio a las 9:00 horas, día en que definirá su situación legal.

El delito por el cual están acusados los ex mandos policiacos es robo de hidrocarburo derivado de los ductos de Petróleos Mexicanos, en su modalidad de sustracción, mismo que es sancionado de ocho a 12 años de prisión.

Ex abogados denuncian irregularidades en el caso 

Un integrante de la Dirección Jurídica de la Policía Estatal Preventiva envió a e-consulta una denuncia en la que dio a conocer las irregularidades que se han cometido desde el aseguramiento de los ex jefes policiacos, con el fin de que se difundieran públicamente.

Principalmente, el denunciante se inconformó por el hecho de que fueron obligados a llevar la defensa de Estrada López y Mendoza Lozano, lo que resulta ilegal toda vez que su función simplemente se limita a brindar asesoría jurídica a los uniformados que tengan algún problema jurídico, siempre y cuando no se dediquen a actividades ilícitas.

"... las notas periodísticas señalan que el personal jurídico de la PEP (Policía Estatal Preventiva) acudimos a la delegación de P.G.R. pero nadie advierte que resulta ilegal defender a los detenidos cuando ha cometido un delito doloso y no ha sido con motivo de la prestación de un servicio legal", señala la carta.

El trabajador de la SSP manifestó que se encuentran hartos de la licenciada Gabriela Flores Ugarte, titular de la Dirección Jurídica, a quien acusó de ser cómplice de los negocios de Estrada López y que los obligó a defender a este ex servidor público.

Denunció, además, que Flores Ugarte no tiene los estudios correspondientes para desempeñar el puesto, por lo que se encuentra usurpando funciones y goza de privilegios.

Fuentes cercanas al caso informaron que algunos abogados de la SSP renunciaron del cargo, pues estaban inconformes con defender a los policías que ya no pertenecían a la dependencia. Sin embargo, esto no pudo ser confirmado.

A continuación se presenta al lector algunos fragmentos de la misiva entregada a este medio:

"En la dirección jurídica de la PEP la titular lo es la “Lic” Gabriela Flores Ugarte, esta persona relevó del cargo a la Lic. Ivette Esperanza Olguín Aguilera, en el mes de septiembre de 2012, es originaria de Huamantla Tlaxcala, estudio la carrera de derecho en una escuela particular de Huamantla hasta el octavo semestre, se hace pasar por “Licenciada” tiene una compensación económica, camioneta de cargo y amplia colaboradora de Marco Antonio Estrada López en todos sus enjuagues. Al darse a conocer el aseguramiento del Director General de la Policía Estatal Preventiva, a todo el personal jurídico de la PEP se nos obligó a acudir a la delegación de la P.G.R de la recta a Cholula, para apoyar con su defensa, cuando esa no es nuestra función".

"El Subdirector Jurídico licenciado Agustín Ramírez Fuentes, otro colaborador cercano de Estrada López y Flores Ugarte, es nombrado defensor particular de los detenidos e inicia la defensa legal, lógico el mencionado profesionista también cuenta con una compensación económica extra aparte de su salario, considero injusto e ilegal que no obstante que Marco Antonio Estrada López, es acusado por robo de hidrocarburos (Secreto a voces) todavía se le defienda ante el ministerio público federal por instrucciones de la “Lic” Gabriela Flores Ugarte Directora Jurídica de la PEP, me permito citar el contenido del artículo 59 fracción IX del Reglamento de la Ley de Seguridad Pública del Estado “IX. Recibir asesoría jurídica cuando en ejercicio de sus funciones se vea involucrado en algún problema legal, siempre y cuando, su actuar no sea de forma dolosa o mala fe;”.

“Como se podrá advertir el robo de hidrocarburos no es dentro del ejercicio de sus funciones. El licenciado Agustín Ramírez Fuentes, al ser cercano colaborador de Estrada López casualmente tiene un horario muy singular y no hace guardias como los demás abogados, además se encarga de los asuntos particulares de Estrada López y Flores Ugarte. Hasta las notas periodísticas señalan que el personal jurídico de la PEP acudimos a la delegación de P.G.R. pero nadie advierte que resulta ilegal defender a los detenidos cuando ha cometido un delito doloso y no ha sido con motivo de la prestación de un servicio legal."

"Ya estamos hartos de las arbitrariedades de la “Lic” Gabriela Flores Ugarte, quien ante la complicidad de Marco Antonio Estrada López, se hace pasar como profesionista, usurpando funciones y ocupando un cargo que no le corresponde por no contar con los estudios correspondientes, a costa de dinero desaparece arrestos y hace cambios de adscripción, todo validado por Estrada López, misma suerte con la hermana de esta de nombre Laura Flores Ugarte, quien también se hace pasar por “Lic” y es la jefa de recursos humanos de la dirección de seguridad vial, además su esposo y una sobrina de ambas."

"Me encuentro seguro que la Contraloría no tiene ni la menor idea de lo que está sucediendo en la Dirección General de la Policía Estatal Preventiva, por lo cual se solicita su valiosa intervención, temo de represalias pero ya estamos hartos de ese régimen laboral de represión y hostigamiento, y ya llegó al límite con la aprehensión de Estrada López".