Los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que se manejan hoy en el estado de Puebla para el desarrollo de distintas obras podrían ser inconstitucionales, pues si bien bajo este esquema se busca evitar la existencia de deudas públicas, en realidad se ocupa dinero del erario y se deben rendir cuentas claras sobre éstos.

De acuerdo con la opinión del especialista Rodrigo Díez Gargari, contenida en el documento “Evaluación del Desempeño sobre el tercer año de sesiones de la LVIII Legislatura”, emitido por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), la ley de Proyectos para Prestación de Servicios podría ser violatoria del principio de colaboración de poderes, en consecuencia dar origen a operaciones de endeudamiento inconstitucionales.

Al respecto, el director operativo del CEEY, Enrique Cárdenas, refirió que existen ya casos en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha declarado la inconstitucionalidad de dichos esquemas, como en Sonora y Coahuila.

Esto, explicó, debido a que los PPS sí utilizan recursos públicos para financiar obras, y por tanto los poderes del estado deben rendir cuentas claras a la población sobre cómo se emplean tales fondos.

Cabe señalar que el gobierno del estado de Puebla no cataloga a estos proyectos como parte de su deuda directa, según la ley en la materia aprobada en 2011, sino que están incluidos en el gasto corriente que avalan los diputados locales cada año.

Sobre el tema, el especialista Díez Gargari expone que “en vista de las posibles inconstitucionalidades de la Legislación del estado de Puebla en materia de proyectos de inversión, es necesario que el Poder Legislativo reasuma su papel en materia de finanzas públicas y se erija como un verdadero contrapeso del Poder Ejecutivo”.

De lo contrario, agregó, “habrá un déficit democrático importante en la toma de decisiones del estado. El Poder Legislativo del Estado de Puebla tiene una tarea pendiente y deberá realizar los ajustes pertinentes para hacer compatibles las disposiciones estatales en materia de proyectos de inversión con la Constitución”.

“Otro aspecto muy preocupante en el estado de Puebla es la postura de la autoridad consistente en no revelar información relacionada con fideicomisos públicos que sirven como garantía para cumplir obligaciones derivadas de Proyectos de Inversión”, acotó.

Sobre el tema, Cárdenas Sánchez dijo que cuando los recursos públicos son afectados, como sucede con los proyectos de inversión, éstos deben ser considerados como deuda pública e informarse sobre su destino y aplicación.

En febrero pasado el secretario de Finanzas y Administración (SFA), Roberto Moya Clemente, se negó a revelar el monto total de los Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) existentes en Puebla y aseveró la administración estatal sólo tiene comprometido el 0.7 por ciento del presupuesto para el 2015 en estos esquemas.