Los familiares y abogados de tres hombres detenidos el año pasado, en un operativo contra la trata de personas en el Centro Histórico, denunciaron que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) les integró una averiguación previa con pruebas manipuladas, por lo cual sus parientes ya llevan 10 meses encarcelados sin que vean cercana su liberación.

El 21 de mayo de 2014 la Unidad Especializada en Investigación de Trata de Personas, efectuó un cateo en la 7 Norte número 605 B, en el burdel conocido como "La Puerta Negra", en donde hubo 14 mujeres rescatadas y seis detenidos.

Entre los asegurados están los hermanos Marco Antonio, José Fernando y Jaime de apellidos Flores Cuautle.

De acuerdo con los defensores legales, estas tres personas tienen un negocio de venta de material eléctrico junto al lupanar, del cual solamente están separados por una puerta soldada, misma que fue forzada y violada por los ministeriales.

Cuando los hermanos llegaron para averiguar lo que sucedía, los policías los llevaron con engaños a la casa de citas (disfrazada de hotel) y les dijeron que ahí estaba el encargado del operativo. Una vez que se encontraban en el lugar, los detuvieron y los comenzaron a torturar.

Los abogados obtuvieron un vídeo donde se ve que sus clientes son golpeados, el cual fue presentado a las autoridades. Como evidencias, también fueron mostradas -con dictámenes periciales- las inconsistencias en las versiones de los ministeriales y de tres mujeres rescatadas, que en otra declaración aseguraron haber sido obligadas a acusar a los tres hermanos.

Inclusive, el encargado del burdel, Luis Manuel Santander, que también está preso, mencionó en su declaración que no los conocía.

Aún con todas esas pruebas, el ex juez Séptimo de lo Penal, Alberto Zenteno, dictó auto de formal prisión, lo que motivó a los abogados a interponer el amparo 954/2014 en el Juzgado Décimo Primero de Distrito, quien se los concedió y ordenó al juez local que emitiera nueva sentencia.

Por segunda ocasión, el juez penal dictó auto de formal prisión el pasado 13 de marzo, por lo que los defensores promoverán próximamente otro amparo contra esta resolución.

 Los familiares pidieron una audiencia con el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Roberto Flores Toledano, a fin de que se revise con "lupa" el expediente y sus consanguíneos puedan obtener su libertad.