Eliminar las sanciones económicas, establecer trabajo comunitario y establecer de uno y hasta cuatro años en la cárcel, son parte de los cambios que los diputados aprobarán al  artículo 413 Bis del Código Penal del Estado para castigar el grafiti en inmuebles privados y públicos.

Lo anterior quedará establecido el próximo viernes, cuando en el pleno del Congreso las comisiones de Gobernación y Procuración y Administración de Justicia presenten el dictamen que contempla elevar las penas en contra de las pintas.

La propuesta fue impulsada por el diputado del PAN, Eukid Castañón Herrera, quien la semana pasada dio a conocer que el grafiti no se penalizará hasta con 12 años de cárcel, como lo contempló en un inicio el artículo 413 Ter.

Sin embargo, el grafiti sí será considerado como delito grave si el inmueble afectado tiene un carácter de patrimonio histórico, cultural, arqueológico y/o arquitectónico, no alcanzará derecho a fianza, los inculpados no tendrán la posibilidad de solicitar el perdón a las autoridades y la condena en prisión irá desde los tres hasta los seis años.

En cuanto a las reformas, el Código Penal actualmente considera un mínimo de días y un máximo de años si se daña las propiedades privadas o públicas, así como penalidades monetarias, las cuales cambiarán a días de servicio a la comunidad.

En el caso del daño en propiedad privada, el artículo 413 Bis señala como castigo de 30 días a tres años de cárcel, y una sanción económica de 10 a 250 días de salario mínimo.

Con la reforma propuesta por el panista se modificará a uno a tres años de prisión, de 30 a 90 días de trabajo a favor de la comunidad, así como la posibilidad de “indemnato”, figura legal que permite la reparación del daño y la mediación de las autoridades para solicitar el perdón a los afectados.

Para el daño en bienes de dominio público, la sanción actual considera un mínimo de 40 días a un máximo de cuatro años en la cárcel, y la reforma establecerá de dos a cuatro años de prisión.

La sanción económica que contempla el Código Penal va de los 20 a los 300 días de salario mínimo, lo cual se eliminará para establecer trabajo comunitario desde 30 hasta 90 días, también con la posibilidad de solicitar el perdón al afectado, en este caso, las autoridades estatales y la reparación del daño.