Un llamado a respetar los derechos humanos emitió este miércoles el Partido Revolucionario Institucional hacia el gobierno del estado de Puebla, ante la detención de los ediles  auxiliares de La Resurrección y San Miguel Canoa.

Así lo expuso en un pronunciamiento en el que condena los procesos iniciados en contra de Raúl Pérez Velázquez de Canoa y Sabino Leonardo Báez Serrano de La Resurrección, quienes se han opuesto a perder la titularidad de los servicios del registro civil para dejarlos en manos del gobierno estatal.

“Como partido político estamos a favor de la legalidad, nos oponemos a que se toleren actos fuera de la ley, pero también, nos pronunciamos por un desempeño escrupuloso e imparcial en la impartición de justicia”.

El tricolor destacó que a lo largo del actual sexenio se han realizado 41 detenciones vinculadas con asuntos políticos. Y en todos los casos se trata de personas que han manifestado su inconformidad ante determinaciones del gobierno de estado.

“Estos hechos demuestran que las autoridades que dirigen al Estado y Ayuntamiento de Puebla no tienen la capacidad de diálogo con los actores políticos, sería lamentable pensar que se trata de “persecuciones políticas”, porque ello implicaría afirmar que en Puebla se criminaliza la disidencia, que las instituciones se utilizan como medios de represión, o peor aún, que éstas se encuentran al servicio y protección de unas personas”, cita el texto enviado por el PRI poblano.

Se indicó que este instituto estará atento a que los 41 procesos estén apegados a derecho y que se realicen investigaciones claras, precisas y sustentadas.

Además se pronunció en contra de “amedrentar conciencias”, a costa de procesos judiciales facciosos.

“Somos institucionales, pero NO por ello aceptaremos abusos de poder de ninguna índole. Protegeremos en todo momento la integridad física y jurídica de los ciudadanos de Puebla y pediremos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que tome cartas en el asunto”.

Cabe señalar que las detenciones de Pérez Velázquez y Báez Serrano se registraron en el lapso de una semana y en ambos casos sucedieron después de sostener encuentros con autoridades estatales o del municipio de Puebla.

A los dos funcionarios ya se les dictó auto de formal prisión.