A sus 21 años de edad, Rocío Pérez Pérez asumió la defensa de San Miguel Canoa, ya que tras la detención de su padre, Raúl Pérez Velázquez, no hay autoridades. La estudiante de Ciencias Políticas en la BUAP mantiene vigente la lucha de su pueblo contra la Ley Orgánica Municipal y la de su familia para lograr la liberación del edil auxiliar.

Durante el foro “Cuidado y Defensa del Territorio Frente a Políticas Depredadoras” realizado en la Universidad Iberoamericana, la joven denunció este martes el aumento del acoso de los gobiernos estatal y municipal durante las últimas tres semanas.

Por ello los habitantes de la junta auxiliar comprarán sirenas para alertar de la presencia policial, ya que no desean una situación similar a la de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente a Ocoyucan, donde policías ministeriales se llevaron en la madrugada del 18 de octubre a cinco pobladores con lujo de violencia.

Aprehensión injusta

Rocío es delgada y bajita, pero habla con seguridad frente a los estudiantes y docentes de la Universidad Iberoamericana Puebla.

Cuenta que a su padre lo acusó la Procuraduría General de Justicia de malversación de fondos y abuso de autoridad, pero no se lo comprobaron. Raúl Pérez entonces promovió un amparo contra cualquier orden de aprehensión en su contra.

A pesar de eso, le giraron otra orden para detenerlo el 31 de octubre por privación ilegal de la libertad, robo y lesiones, señalados por un trabajador de la empresa Concesiones Integrales, que presta el servicio de agua potable en el municipio de Puebla.

A las cuatro de la tarde fue aprehendido cuando salía de las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP) y a las seis de la tarde de ese mismo día fue trasladado al penal de San Miguel.

Sin embargo Rocío Pérez sostuvo que su padre no estaba en Canoa el 18 de octubre, día en que supuestamente cometió los delitos por los que se le acusa, sino que a esa hora acudió a la PGJ para rendir una declaración.

En un video se ve cómo el acusador, Constantino Arce Pérez, se enfrenta a varias mujeres porque fue bloqueado el único acceso de la comunidad y luego se retira con sus hijos, pero en ningún momento aparece Raúl Pérez durante el acto denunciado.

Pese a ello, este martes se le dictó auto de formal prisión sin derecho a fianza.

Rocío Pérez aseguró en la Ibero que el gobierno estatal buscará dejarlo en prisión el mayor tiempo posible, ya que no ha retirado el amparo contra la reforma a la Ley Orgánica Municipal que quitó el control de los registros civiles a las juntas auxiliares.

Se quedan solos

Hoy no hay autoridades en la comunidad. La presidencia municipal fue cerrada por un grupo de choque opositor a la gestión de Raúl Pérez y el exfuncionario del DIF estatal Germán Pérez. Mientras los regidores están escondidos por miedo a ser detenidos.

Uno de ellos, de nombre “Marcelino”, tiene una orden de detención, por lo que los pobladores lo tienen escondido.

Tampoco hay policía comunitaria porque desde la reforma a la Ley Orgánica Municipal, aprobada en diciembre del año pasado, desaparecieron los jueces de paz, el ministerio público adjunto y los policías comunitarios.

Por ese motivo Rocío ahora está al frente de la comunidad y a sus escasos 21 años de edad se hace responsable de lo que pase.

"No nos vamos a dejar, no hay más que defender nuestras tierras y no le tenemos miedo al gobernador (Rafael Moreno Valle)", sostiene Rocío, antes de irse del foro rodeada de su gente.