Para el catedrático de la BUAP, Ricardo Pérez Avilés, la vida no ha vuelto a la normalidad después de que el 11 de abril policías ministeriales irrumpieron en su domicilio para aprehenderlo por los estudios que hizo sobre el gasoducto Morelos.

El susto de su esposa fue tanto que su salud se agravó desde ese momento, expuso el académico.

Como investigador del área de Desarrollo Sustentable de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Pérez Avilés denunció que el Proyecto Integral Morelos (PIM), que pasará por Puebla, Tlaxcala y Morelos, no trae beneficios para las comunidades y aumentará el riesgo en una erupción volcánica del Popocatépetl.

Por este motivo el pasado 11 de abril 15 sujetos llegaron a su domicilio en Atlixco y con lujo de violencia amenazaron a sus familiares, aunque no lograron detener al académico porque no se encontraba, aunque sí dejaron claro que estaba en riesgo.

Pocos días antes fueron arrestados otros opositores al gasoducto: Enedina Rosas Vélez el 6 de abril y Juan Carlos Flores Solís el 7 de abril. También un grupo armado irrumpió el 6 de abril en la vivienda de Avelino Velázquez Tapia, comisariado de Bienes Comunales de San Juan Amecac, pero estaba fuera de su domicilio.

Casi siete meses después de las amenazas y de que el gobierno estatal asegurara que no hay orden en su contra, Ricardo Pérez no ha recuperado la calma, pues la salud de su esposa se deterioró mucho a partir de ese día.

"Sí me cambiaron la vida y a ella (su esposa) se la cambiaron para mal, esa cuestión de la salud es muy difícil de resolverse", comentó durante una entrevista.

La pesadilla continúa

En una situación de zozobra constante vive Avelino Velázquez, quien no ha podido dormir en su casa desde que el 6 de abril un comando a bordo de 15 camionetas lo buscó en su hogar y amenazó a su esposa e hijos.

Como a Enedina Rosas, lo quieren arrestar por negarse al paso del gasoducto Morelos por su comunidad.

"Nos llaman delincuentes, pero para la comunidad no es ningún beneficio (el proyecto)", contó el campesino ante estudiantes y profesores de la Universidad Iberoamericana de Puebla, donde este martes se realizó el foro “Cuidado y Defensa del Territorio Frente a Políticas Depredadoras”.

Tanto Avelino como su familia están preocupados de que los ministeriales regresen a buscarlo.

Para Lucina Quintero, hija de Enedina, la pesadilla continúa porque aunque su madre está en su hogar gracias a que le otorgaron el arraigo domicilio, aún no está libre.

Los cargos que se le imputan a Rosas Vélez son el robo con violencia de dos celulares a un empleado de Bonatti, empresa que construye el gasoducto.

Su aprehensión fue un recurso del propio gobierno estatal y de la compañía para forzar a que la comunidad acepte el proyecto, pues en la asamblea ejidal se rechazó el paso del ducto a pesar de que algunos campesinos vendieron sus terrenos.

Sin embargo, ni en cárcel las autoridades lograron que Enedina Rosas firmara los documentos que dieran luz verde al ducto de gas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).