En las oficinas de gobiernos estatales y federales ya no se documentan acciones de la administración pública ni procesos de toma de decisión, para evitar rendir cuentas y transparentar gestiones, advirtió Miguel Carbonell, integrante del Instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Durante su participación en el segundo día de la Semana de la Transparencia en Puebla, Carbonell aseguró que la respuesta recurrente de las dependencias a las solicitudes es la de "inexistencia de la información".

El especialista precisó que los sujetos obligados utilizan esa respuesta de manera viral y que incluso es la modalidad que más ha crecido estadísticamente. De esa manera, se revela que el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública sólo se realiza en apariencia.

"Muchos sujetos obligados se dieron cuenta de la dimensión y la trascendencia de revelar contratos, de entregar datos internos, de transparentar cuentas públicas como lo exige la ley, pues ha constituido una exhibición no siempre afortunada, convirtiendo el cumplimiento de la legislación en una monserga ", dijo

Carbonell criticó las prácticas y las dinámicas de funcionarios de "acuerdos informales" para no generar informes oficiales y no estar obligados a entregar documentos que no tienen en su poder, como lo prevé la ley.

Lamentó la tendencia contraria al espíritu de la transparencia, porque "aún no hemos ganado la batalla. La resistencia a entregar información pública sigue vigente. Increíblemente la cultura de la transparencia no ha permeado en la función pública, en el fondo es una cultura política del funcionario".

Frente a un nutrido auditorio  que se dio cita en el Complejo Universitario de la Universidad Autónoma de Puebla, el investigador de la UNAM insistió en que la información pública no es de los funcionarios que trabajan con ella. "Cambiar esta idea es el verdadero reto".

Aseguró también que la rotación de personal de las unidades de transparencia ha abonado a la cultura de la opacidad, pues la eficacia de respuesta se reduce frente a las solicitudes que cada vez son más complejas. "El reto es formar cuadros y luego hacerlos permanecer", subrayó.

Miguel Carbonell señaló también como un desafío, que los órganos garantes lleguen a la sofisticación argumentativa. "Hay comisionados que son verdaderos rehenes del director jurídico", concluyo y urgió a que se capaciten funcionarios.