Las declaraciones de dos testigos y de Hugo Jiménez Varela -quien perdió la visibilidad en un ojo tras recibir un golpe de un cilindro de gas- así como la presentación de una denuncia penal, son los avances que hasta ahora registra la fiscalía que el gobierno del estado creó a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para indagar los hechos violentos de San Bernardino Chalchihuapan.

Así lo informaron a e-consulta, fuentes involucradas en el caso que pidieron guardar el anonimato, ante posibles represalias por parte de la administración estatal.

Debe recordarse que este 11 de octubre cumple un mes la recomendación 2VG/2014 que la CNDH emitió por las violaciones graves que policías estatales cometieron en contra de pobladores de la junta auxiliar de Chalchihuapan el pasado nueve de julio, hecho en el que fue golpeado el niño José Luis Tehuatlie Tamayo, quien murió 10 días después en un hospital.

Hasta ahora dos testigos del enfrentamiento han acudido a la fiscalía que encabeza José Antonio Pérez Bravo, que depende de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y que se ubica en la colonia Gabriel Pastor, a rendir sus declaraciones sobre lo ocurrido en esa comunidad, perteneciente al municipio de Ocoyucan.

Asimismo, rindió su declaración Hugo Jiménez Varela, quien fue lesionado en su ojo izquierdo por un proyectil de gas lacrimógeno que fue lanzado por los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuando estos se enfrentaron con los pobladores, lo que ocasionó la pérdida de la visibilidad.

Además de ello, los pobladores presentaron ante la instancia dependiente de la PGJ, una denuncia penal en contra de quien resulte responsable por las lesiones recibidas, misma que deberá ser resuelta por el Ministerio Público (MP), pues deberá determinar la acción persecutoria a seguir conforme las pruebas que le fueron presentadas.

Cabe señalar que la creación de la fiscalía tiene como fin indagar los hechos y sancionar a quienes resulten responsables.

Es necesario señalar que entre el resto de los puntos de la recomendación de la CNDH, destaca la petición de una disculpa pública a los pobladores afectados, entre ellos a la madre del menor fallecido, Elia Tamayo, hecho que aún no se ha realizado.