La recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre el asesinato del niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, diluye la responsabilidad de las autoridades poblanas, convalida la “Ley Bala” y exonera al gobernador Rafael Moreno Valle.

Así lo consideró el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) que a su vez aglutina a organizaciones de activistas como Article 19, el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, Propuesta Cívica, A.C. y el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), entre otras.

El pasado 9 de julio, pobladores de San Bernardino Chalchihuapan bloquearon la Vía Atlixcáyotl para exigir que les fuera devuelto el Registro Civil. En respuesta, el gobierno estatal envió a policías a disolver la manifestación  y se produjo un enfrentamiento en el que resultó herido de muerte el menor José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) atrajo el caso porque lo consideró de alta gravedad y este jueves 11 de septiembre el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva presentó la recomendación 2VG/2014.

El resolutivo indica que fue un proyectil de gas lacrimógeno lanzado por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) el que provocó una herida mortal en el cráneo de Tehuatlie y no la “onda expansiva de un cohetón” lanzado por ciudadanos, como lo aseguró la Procuraduría General de Justicia (PGJ). 

En su recomendación, la CNDH requirió al gobierno de Puebla fincar responsabilidades a Rosas Rosas, pedir una disculpa pública a los agraviados y crear una fiscalía que resuelva el caso, entre otras peticiones.

Recomendación omite dolo de autoridades

A través de un comunicado emitido este viernes, el Frente señaló que la recomendación de la CNDH diluye la responsabilidad de las autoridades estatales.

Explicó que pese a que señala la responsabilidad en los hechos del secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, no considera que la Ley que Regula el Uso de la Fuerza, conocida como Ley Bala -a través de la que se llevó a cabo el operativo- sí contraviene obligaciones internacionales a las que el país está comprometido y facilitó violaciones graves a los derechos de los manifestantes.

El Frente señala que aunque se reveló que el gobierno de Puebla sí hizo un uso excesivo de la fuerza durante el operativo y que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) ocultó el hecho y actuó con negligencia, omite el dolo de las autoridades estatales en falsear tal información.

“La CNDH tampoco establece responsabilidades a la PGJ, a pesar de acreditar que contaminó la escena, no recabó evidencia y que el procurador Raúl Carrancá difundió una versión falsa sobre la muerte del menor, pretendiendo inculpar a los manifestantes con la hipótesis de la onda expansiva producida por un cohetón”, cita la misiva.

CNDH no consideró “Ley Bala” como violatoria

Los activistas consideraron que en su resolutivo la CNDH recomendó la reparación integral del daño a las víctimas; pero para garantizar que estos hechos no se repitan, debió considerar que la “Ley Bala” es violatoria de los derechos humanos.

Por lo anterior, el Frente consideró que existe responsabilidad de la CNDH al avalar esta legislación. Mientras que Moreno Valle faltó a su deber de prevenir y garantizar la libertad de expresión y manifestación.

Piden a la FEADLE atraiga el caso

Respecto a petición de la CNDH para que la administración estatal instituya una fiscalía especial que dé cumplimiento a la recomendación que emitió, el Frente consideró que no existen garantías de imparcialidad para que ese nuevo organismo resuelva el tema, por lo que pidió a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ejerza sus facultades de atracción.

“Para el Frente resulta preocupante que la CNDH esté guiada por una agenda política, más que por apego a su mandato constitucional, y que por ello concluya, de una investigación sesgada, que las violaciones a derechos humanos fueron producidas por omisiones y falta de apego al marco normativo, cuando hay elementos claros que demuestran la responsabilidad por acción deliberada del gobierno de Rafael Moreno Valle…”, finaliza el comunicado.