Carecen de autoridad el gobernador Rafael Moreno Valle y los miembros de su gabinete para establecer mesas de diálogo con los integrantes de la Coordinadora Estatal en Defensa de la Identidad de los Pueblos (CEDIP), por su responsabilidad en la reyerta en la que fue asesinado el niño José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo.

Así lo consideró el vocero de la organización José Salomé Pacio Grande, al emitir una opinión respecto al dictamen que el jueves presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sobre los hechos de Chalchihuapan, el cual concluyó que fue un proyectil de la policía estatal el que hirió de muerte a Tehuatlie Tamayo.

En entrevista, Pacio Grande, quien también es edil de la junta auxiliar de San Martín Tlamapa, refirió que el mandatario poblano tiene una responsabilidad directa en el desalojo violento ocurrido el 9 de julio en San Bernardino Chalchihuapan.

Uso inadecuado de la fuerza

El vocero de la CEDIP señaló que a cualquier representante popular se le exige no tener antecedentes penales, sin embargo, dijo que las autoridades estatales ya no cuentan con ese requisito, pues el resolutivo de la CNDH indica que en los hechos sí tiene responsabilidad el secretario de Seguridad Pública, Facundo Rosas Rosas, aunque consideró que lo mismo ocurre con el titular de la Secretaría General de Gobierno (SSG), Luis Maldonado Venegas, y con Moreno Valle, pues están involucrados en el suceso.

Cabe recordar que en uno de los puntos de su dictamen, la CNDH señaló que el gobierno del estado no agotó los canales de dialogo en el enfrentamiento del 9 de julio, lo que derivó en el uso inadecuado de la fuerza pública en contra de los pobladores.

El edil auxiliar rechazó que los pobladores de Chalchihuapan sean responsables de las agresiones que durante la reyerta mencionada recibieron elementos de la SSP, como también lo apuntó el resolutivo de la Comisión, al referir que éstos sólo respondieron en defensa propia ante las agresiones de los efectivos.

Insistirán para derogar reformas

El vocero de la CEDIP reiteró que su pugna por derogar las reformas que en diciembre aprobó el Congreso local a la Ley Orgánica Municipal y que retiran diversas facultades a los ediles auxiliares, tales como la operación de los juzgados civiles, continuará; incluso recordó que preparan otra protesta más para el próximo 18 de septiembre.

Como en otras ocasiones, reiteró que los hechos de Chalchihuapan son muestra de una actuación autoritaria, prepotente y anticonstitucional de la administración estatal.