Un pacto de no agresión acordaron la Coordinación Estatal por la Defensa de la Identidad de los Pueblos y el secretario General de Gobierno (SGG), Luis Maldonado Venegas, durante una reunión que sostuvieron este jueves ante representantes de la Secretaría de Gobernación Federal (SEGOB).

Durante el encuentro, la agrupación mencionada, así como el Movimiento Los de Abajo, mototaxistas, pobladores en contra de la expropiación de predios en Cholula y campesinos, solicitaron además una indemnización para la familia de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, quien perdió la vida tras recibir una lesión durante un enfrentamiento entre pobladores de San Bernardino Chalchihuapan y policías estatales.

Asimismo, pidieron la creación de una ley de participación ciudadana en el estado, ante la serie de inconformidades que aquejan a los grupos referidos.

Fuentes cercanas a quienes participaron en el encuentro que se desarrolló en las instalaciones de la SEGOB en el Distrito Federal (DF), indicaron a e-consulta que los grupos expusieron sus diversas inconformidades, ante lo que el gobierno del estado acordó con los mismos una tregua.

Cabe recordar que la principal queja de la Coordinadora radica en que les sea restituido a los ediles auxiliares la operación de la oficina del Registro Civil, así como en esclarecer el caso del menor Tehuatlie Tamayo y brindar una indemnización a su familia. 

En tanto, el resto de las agrupaciones como el Frente de Usuarios y Mototaxistas del Estado de Puebla y pobladores de Cholula, expusieron sus molestias como el retiro de los mototaxis y los procesos expropiatorios de tierras que se llevan cabo en la región para construir un parque temático junto a la pirámide.

De esta manera, las partes llevarán a cabo una segunda reunión la próxima semana, a fin de avanzar en las peticiones de los inconformes y lograr acuerdos.

Debe mencionarse que este jueves los grupos inconformes con la política del gobierno del estado publicaron un desplegado en el periódico de circulación nacional El Universal, en el que también solicitaron que organizaciones como el Instituto para la Protección de los Derechos Humanos (INPRODH) y Servicios y Asesoría para la Paz A.C. (SERAPAZ), intervengan en la investigación que la Procuraduría General de Justicia (PGJ) realiza sobre los hechos de Chalchihuapan.

Cabe señalar que el 21 de mayo se produjo un primer acercamiento entre la administración estatal y organizaciones inconformes, sin embargo no se lograron acuerdos para destrabar conflictos en esa ocasión.