A dos les abrieron el cráneo con sendos disparos de armas para contener y dispersar movimientos sociales, uno de ellos, un menor de 13 años que está en coma; el otro, un joven de 21 años; a un tercero le destrozaron parte de la mandíbula: un artefacto metálico que le fue disparado le rompió dientes, lengua y le perforó la mejilla izquierda; a otro más le arrancaron los dedos de una mano; el quinto teme perder el ojo izquierdo, en el que impactó otro de los artefactos que dispararon a diestra y siniestra los granaderos que desalojaron la manifestación de habitantes de San Bernardino Chalchihuapan.

Del otro lado también hubo heridos, el gobierno del estado reporta a 40 elementos lesionados “y dos unidades oficiales dañadas”, pues en respuesta los habitantes de Chalchihuapan que exigían se les regresara la facultad  del registro civil a su comunidad –una facultad que les retiró el Congreso del estado al aprobar una reforma a la Ley Orgánica Municipal en diciembre pasado–, respondieron con piedras y palos, y aunque el gobierno también aseguró que se usaron bombas molotov, lo cierto es que no han mostrado pruebas de ello.

Aunque puntualiza la diputada perredista, Roxana Luna Porquillo, “ninguno de ellos se debate entre la vida y la muerte. Y en los videos se muestra cómo ellos empezaron la agresión”.

Mientras la legisladora federal narra lo sucedido y acusa el intento del gobierno del estado por responsabilizar al pueblo de lo que ocurrió la tarde del jueves en el kilómetro 14 de la autopista Puebla-Atlixco, justo a la altura del puente que une a la comunidad con la carretera federal, en la plaza principal de Chalchihuapan descansa una centena de latas, granadas de gas lacrimógeno en sus versiones de CS –Clorobenzilideno malononitrilo— y el más irritante CN –Cloroacetofenona–Mace–, e incluso proyectiles penetradores de barricada, y una suerte de balas de caucho o algo muy parecido.

Son los saldos de la refriega, las huellas de las armas que se usaron en la batalla, algunas de ellas, aseguran los pobladores, se lanzaron desde un helicóptero que sobrevoló la zona.

Presionan a la madre del menor

El caso más dramático es el del niño José Luis Alberto Tlautle Tamayo, la foto en donde se le observa desmayado y bañado en sangre se ha multiplicado en las redes sociales, el pequeño de 13 años, según versiones de los vecinos, salía de la secundaria que está a menos de 500  metros de la zona del enfrentamiento y al cruzar de regreso a su casa fue alcanzado por un proyectil.

Su madre ya denunció a medios y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que los responsables fueron los granaderos, y el gobierno del estado está buscando cambiar ese señalamiento.

De acuerdo con la diputada perredista, a través del subsecretario de Asunto Políticos y Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno, Luis Arturo Cornejo Alatorre, están presionando para que acuse a los pobladores de Chalchihuapan.

La entrevista con la perredista se realiza tras la reunión que sostuvieron presidentes auxiliares de municipios de la Mixteca poblana, la sierra y la zona conurbada a la capital poblana, y que se llevó a cabo el pasado sábado en la comunidad citada, en donde también se aseguró que “hay una consigna muy fuerte para responsabilizar a Javier Montes (presidente auxiliar de Chalchihuapan)”.

Ahí, la legisladora también informó que los lesionados son:

“Martín Romero de 65 años de edad, que está con lesiones en toda la cara y requiere reconstrucción, la perforación del módulo, la lengua, le volaron los dientes, está muy mal ya el señor, por ser diabético y por la edad.

“Hugo Jiménez Varela, de 26 años de edad, está a punto de perder el ojo.

“Vicente Tecalero Jiménez de 21 años de edad, que tiene impacto de bala en el cráneo.

“Gilberto Valera Tecalero, reconstrucción de la mano.

“Y José Luis Alberto Tautle Tamayo de 13 años que está en coma en el hospital”.

De acuerdo con la legisladora federal, su compañera de legislatura, la priísta Soraya Córdova también ha intervenido en la situación, pero para tratar de dirigir las acusaciones en contra del presidente auxiliar.

“Hay cuatro presos políticos, les están imputando ocho delitos y, desde luego, no alcanzan fianza. Nos estamos enterando que en la diligencia estuvo la diputada federal Soraya presionando mucho  a los detenidos para que ellos declararan que el responsable fue el presidente auxiliar. Es claro que quieren inculpar a Javier Montes”.

Y puntualiza: “A la mamá del niño tuvimos que sacar por la noche de contrabando porque tenía una vigilancia muy fuerte, y nos contó que la querían hacer firmar un documento, ella es una persona no muy letrada, decía que fue un tal Conejo, o Cornejo (Luis Arturo Cornejo Alatorre), le mostramos fotografías y lo identificó. Le ofrecieron dinero, le dijeron que no iba a pasar nada. Era un acoso muy fuerte”.

La legisladora perredista también informó que el próximo miércoles participará en la tribuna de la Cámara de Diputados para presentar los testimonios y las evidencias del uso de armas y gases en el violento desalojo, y concluyó:

“Son 20 los policías que están acusando a los pobladores, ninguno de ellos debate entre la vida y la muerte. En los videos se muestra cómo ellos empezaron la agresión”.

@earoche