Antes de presentar  el informe sobre de la situación de violencia contra la mujer en el Estado de México al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (SPASEVEM), las autoridades estatales deben presentarlo a la sociedad civil para mostrar su transparencia y la debida  diligencia en la investigación, estableció Amnistía Internacional.

La organización indicó que apoya los esfuerzos de las familias de mujeres y niñas víctimas de asesinatos y desapariciones en el estado vecino.

Parientes de víctimas han solicitado una reunión con el gobernador Eruviel Ávila para obtener información sobre los resultados de la investigación que se presentará al SPAVSEM como parte del proceso de cumplir con un amparo.

Organizaciones de derechos humanos y derechos de la mujer ganaron el amparo después de que las autoridades del Estado de México y el SPAVSEM se negaron activar la alerta de género en el estado en 2011 sin sustentar su motivo.

En los próximos días el Estado de México debe informar sobre la investigación que ha realizado acerca de la situación de violencia de género que prevalece en la entidad y las medidas tomadas para combatirlo, como parte de las acciones ordenadas por el tribunal.

De acuerdo con Amnistía Internacional, es fundamental que las autoridades demuestren que la investigación ha sido llevada a cabo por expertos en la materia con calidad, profundidad e imparcialidad. Considera que las autoridades deben exponer la investigación al escrutinio de las organizaciones que han seguido la situación de violencia contra la mujer en el estado durante años.

La organización subrayó que este paso es esencial para demostrar el compromiso de las autoridades del estado para frenar la violencia contra mujeres, así como de los representantes del SPAVSEM, que se han mostrado resistentes a activar la alerta de género en diferentes puntos del estado, a pesar de los reclamos legítimos de familias y organizaciones de la sociedad civil.

Si la alerta de género, como elemento central de la legislación para combatir la violencia contra las mujeres, va a ser efectivo y un recurso sustantivo en situaciones de gravedad en diferentes regiones del país, las autoridades deben demostrar la debida diligencia en su actuación. De no ser así, considera la organización, será otra indicación de la falta de prioridad política para combatir la violencia generalizada contra las mujeres y  será una garantía de  impunidad a quienes la perpetran.