El Juzgado Tercero de Distrito con sede en el estado de Puebla concedió la suspensión provisional a Carlos Víctor Maurer Suárez y Eloina Maurer Espinoza, contra la expropiación de 747 hectáreas de La ex Hacienda Tamariz, decretada por el gobierno estatal el pasado 1 de abril.

Así se notificó este martes 28 a través de las listas de acuerdos del juzgado, en atención a las solicitudes de amparo 632/2014 y 633/2014 en contra de actos del gobernador de Puebla.

La expropiación de los predios localizados en Nopalucan fue decretada por el gobierno del estado de Puebla bajo el argumento de “utilidad pública”, enfocada a la instalación de un parque industrial que concentre a los proveedores de la armadora alemana Audi, que se instala en San José Chiapa.

La ex Hacienda Tamariz, donde se encuentra una planta productora de lácteos, está registrada a nombre de Emilio Maurer Bretón, Carlos Víctor Maurer Suárez, Amelia Maurer Suárez, María Eloina Maurer Espinosa, Juan Carlos Maurer Bretón y Luis Maurer Espinosa.

Los recursos presentados ante los juzgados federales impugnan como primer acto de aplicación la Ley de Expropiación del estado, reformada el pasado 11 de marzo, a fin de permitir al gobierno estatal incautar bienes inmuebles o predios bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”, sin que medie notificación previa por escrito.

La suspensión sólo es provisional, por lo que en el caso del amparo 632/2014 las partes tendrán una audiencia incidental con el juez Eduardo León Sandoval el próximo viernes 2 de mayo, mientras que para el 633/2014 la fecha de la primera reunión es el martes 6 de mayo.

Una de las cabezas de esta familia, el ex presidente del club de futbol Puebla FC, Emilio Maurer Espinosa, advirtió un día después de la publicación del decreto que iniciaría la defensa jurídica contra el acto del gobierno de Puebla.

En una entrevista con e-consulta, el empresario aseguró que el rancho Tamariz es una propiedad productiva, dedicada a actividades agropecuarias y no es una propiedad ociosa.

Mientras que el secretario general de Gobierno, Luis Maldonado Venegas, defendió la legalidad del decreto y señaló que la familia estaba en su derecho de iniciar una defensa.