El empresario Emilio Maurer está en su derecho de iniciar una defensa jurídica respecto al decreto de expropiación por “utilidad pública” que el gobierno del estado emitió sobre 747 hectáreas de la Ex Hacienda Tamariz, indicó la Secretaría General de Gobierno (SGG), quien subrayó que respetará las acciones a seguir por parte de éste.

“Somos respetuosos de sus medios de defensa, sin perjuicio de sustentar, como siempre lo ha hecho el gobierno del estado, los fundamentos y motivaciones jurídicas, a todo acto de autoridad”, apuntó el titular de la dependencia, Luis Maldonado Venegas.

La dependencia estatal reiteró que la justificación sobre la declaratoria de expropiación del predio en cuestión fue expuesta en la publicación del decreto, realizada el martes.

Un día después de la publicación, es decir, este miércoles, Maurer declaró a e-consulta que revisaría el camino jurídico para la defensa de las hectáreas que serían expropiadas por la administración estatal, por lo que adelantó que el caso entraría en un litigio.

Al respecto, la SGG indicó que el empresario está en libertad y cuenta con el derecho de emprender una defensa jurídica si así lo considera conveniente.

El decreto de expropiación difundido por el gobierno del estado indica que se declara como de “utilidad pública” un total de 747 hectáreas de la Ex Hacienda de San Antonio Tamariz, ubicada en el municipio de Nopalucan, distrito judicial de Tepeaca de Puebla.

Lo anterior, con el fin de realizar un proyecto de Infraestructura Vial, Industrial y de Servicios Públicos para el Desarrollo Sustentable para esa demarcación, mismo que se presume, se trata de un parque industrial para la planta armadora de AUDI que se construye en el municipio aledaño de San José Chiapa.

La disposición se emite después de que el pasado 11 de marzo el Congreso del estado aprobó modificaciones a la Ley de Expropiación de la entidad, mismas que permiten a la administración estatal declarar predios como de “utilidad pública”, sin que medie notificación previa por escrito a los propietarios de los inmuebles, bajo el argumento de la “inmediatez y urgencia”.