La organización Amnistía Internacional (AI) manifestó su preocupación por las propuestas de ley de manifestaciones públicas presentadas en Estados de la República como Quintana Roo, San Luis Potosí y el Distrito Federal.

La organización detalló que tales iniciativas emplean terminología ambigua para definir manifestaciones; limitan las manifestaciones legítimas a las que tienen un objetivo conforme con “las buenas costumbres”; el “aviso” requerido en realidad constituye una autorización con criterios confusos y potencialmente arbitrarios; imponen lugares sin tomar en cuenta criterios de necesidad y proporcionalidad; y podrían resultar en el uso de la fuerza para disolver una manifestación pacífica que no haya recibido autorización o en casos en los cuales solo una minoría de manifestantes cometan actos de violencia.

Amnistía Internacional consideró que estas propuestas de ley tal y como están actualmente redactadas atentan contra el derecho de libertad de expresión y asociación establecido por las normas y mecanismos internacionales de derechos humanos.

Amnistía Internacional recordó a las autoridades mexicanas que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que “el derecho a la libertad de expresión no es un derecho más sino, en todo caso, uno de los primeros y más importantes fundamentos de toda la estructura democrática: el socavamiento de la libertad de expresión afecta directamente al nervio principal del sistema democrático”.

En reiteradas ocasiones, la organización ha declarado que las recientes iniciativas de ley relativas a manifestaciones imponen un régimen legal que no garantiza el derecho a la manifestación pacífica sin discriminación al privilegiar el uso de espacios públicos para los intereses comerciales y de tránsito por encima de los intereses legítimos de manifestaciones pacíficas.  Así mismo, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que esto es incompatible con las obligaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional considera especialmente preocupante el caso de la  Ley de Cultura Cívica  del estado de Quintana Roo pues esta fue ya aprobada el pasado  25 de marzo, y faltaría tan solo su ratificación por el gobierno estatal para que esta entre en vigor.

La organización llamo a las autoridades del estado de Quintana Roo a no ratificar la Ley de Cultura Cívica mientras ésta no se haya armonizado con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

Así mismo, Amnistía Internacional instó a los legisladores a que se aseguren  que durante las discusiones en torno a estas iniciativas, se escuchen las voces de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y se cumplan los más altos estándares internacionales de protección a los derechos humanos.