El empresario mexicano José Susumo Azano Matsura fue presentado ante una Corte federal de San Diego, California, acusado de canalizar donativos ilegales a políticos estadounidenses por más de 500 mil dólares.

En México, Azano fue el principal contratista del Ejército mexicano en el sexenio pasado y se le investiga por haber lavado 33 millones de pesos, según se informa en una nota del periódico Reforma.

Ante la corte de EU el mexicano se declaró ayer inocente de entregar contribuciones ilegales provenientes de un ciudadano extranjero.

El empresario fue detenido el miércoles por agentes del FBI en su residencia, en Coronado.

Hace tres semanas el Departamento de Justicia de Estados Unidos detuvo a Ravneet Singh y Ernesto Encinas, colaboradores de Azano Matsura y acusados de canalizar recursos para financiar campañas políticas.

El FBI narró que José Susumo se interesó por financiar campañas políticas en San Diego a partir de 2012, para lo cual creó en asociación con Encinas un "comité independiente" o PAC, al cual canalizó 100 mil dólares y realizaron aportaciones a las campañas de por lo menos cuatro aspirantes a reemplazar al Alcalde de San Diego, Bob Filner, quien renunció en agosto de 2013 luego de un escándalo por acoso sexual.

Un asistente de uno de los candidatos los denunció ante el FBI y se convirtió en colaborador, por lo que Encinas fue grabado en audio y video cuando proponía las aportaciones y pidió al colaborador del candidato despedir, en caso de resultar electo, al Jefe del Departamento de Policía de San Diego y reemplazarlo con una persona que él recomendaría.

Según otra nota de El Universal, ese diario dio a conocer, en julio de 2012, que la empresa de Azano recibió contratos por más de 5 mil millones de pesos para dotar de equipo de espionaje a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El juez Mitchell D. Dembin impuso una fianza de 5 millones de dólares a Azano, quien sigue su proceso en arraigo domiciliario, usa un dispositivo con un monitor GPS y entregó sus documentos y una aeronave para no salir de Estados Unidos.

La visa de turista con la que Susumo Azano ingresó al país será revocada por el gobierno de Estados Unidos, en especial por el Departamento de Estado, ésta misma semana o en un par de días, informó el fiscal Timothy Perry.

Adicionalmente, la fiscalía del Distrito Sur de California informó que el gobierno pedirá la pena máxima contra Susumo Azano, la cual es de cinco años, más 250 mil dólares por financiar ilegalmente la campaña política.

El 21 de enero pasado el Departamento de Justicia procedió penalmente en contra de Ravneet Singh y Ernesto Encinas, dos ciudadanos estadounidenses presuntamente utilizados para entregar el dinero que Susumo Azano donaba a políticos de California.

El fiscal de Distrito Sur de California informó que Ravneet Singh, fundador de Electionmall, fue detenido el 17 de enero, por agentes del FBI, junto con Ernesto Encinas, un policía retirado y guardaespaldas de Azano, quienes también enfrentan cargos por donaciones ilegales, así como por falsificar registros, un delito de orden federal.

La acusación radicada en la Corte del Distrito Sur de California con fecha 21 de enero de 2014, cuya copia tiene éste medio, señala que los hechos se registraron entre 2011 y 2013, cuando Azano, quien es ubicado como “un extranjero”, utilizó a Singh y Encinas para hacer las donaciones.

Bajo la ley federal, los extranjeros tienen prohibido contribuir o gastar en cualquier campaña electoral estadounidense, sea de nivel federal, estatal o local. Sabiendo esto, Singh y Encinas usaron una serie de técnicas complejas para esconder que la verdadera fuente de los fondos ilícitos era Azano.

El Grupo Azano fue el principal donador de la campaña de la procuradora Bonnie Dumanis a la alcaldía de San Diego, en Estados Unidos, y mediante la empresa aérea Airsam, registrada en Coronado, donó más de 112 mil 181 dólares de los 119 mil 101 dólares que la aspirante por el partido republicano recibió vía comités de apoyo, de acuerdo con reportes de la Comisión de Ética de la ciudad, cuya copia tiene el periódico El Universal.

El grupo es propietario de la empresa Security Tracking Devices SA de CV que vendió equipos de vigilancia electrónica a la Sedena y realiza operaciones tanto en Estados Unidos como en México y, en todos los casos, sus contratos establecen candados que impidan dar a conocer los términos.

Orden de aprehensión contra Azcárraga quiebra a Mexicana de Aviación

Mexicana de Aviación está mucho más cerca de la declaración de quiebra, luego de que se diera a conocer la orden de aprehensión contra Gastón Azcárraga Andrade, ex dueño de la aerolínea en tierra desde el 28 de agosto 2010.

“Los indicadores que yo tengo, me dirían que estamos mucho más cercanos de la definición hacia a la quiebra”, afirmó Lizette Clavel, ex secretaria general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASPA).

La senadora suplente de la senadora panista Luis María Calderón señaló que será una decisión lamentable para los trabajadores, porque no se ha definido su situación laboral en la empresa.

La orden de aprehensión girada por un juez federal coincide con el aval de la autoridad para sacar adelante al taller de mantenimiento MRO, el cual es de las filiales más rentable, comentó al diario 24 Horas.

La decisión sobre mantener vivo al taller de mantenimiento da un respiro para que una de las 19 empresas que entraron en crisis siga, pero no ha corrido la misma suerte el destino de la aerolínea en su conjunto, explicó Clavel.

“Azcárraga Andrade no pago ni un peso a los trabajadores, proveedores, incluso consumidores”, recordó Miguel Ángel Yúdico, secretario general de Trabajadores de Tierra, uno de los sindicatos de la aerolínea.

“Quebrando a Mexicana de Aviación se eliminarán los archivos, papeles, así como muchas cuestiones”, manifestó el líder de los trabajadores.

“Una quiebra es proteger a Gastón y a todos los que la hundieron, ojalá que no vayan defenderlo quebrando a Mexicana”, expuso.

Yúdico pidió que se abra una investigación en contra del Consejo de Administración de Grupo Posadas, porque el empresario no pudo solo en llevar al precipicio a la línea aérea.

En noviembre de 2013, el diario 24 Horas informó que la PGR preparaba una orden de aprehensión en contra el presidente del Consejo de Administración de Grupo Posadas, la cual fue confirmada por las autoridades federales este miércoles.

“Un Ministerio Público revisa una averiguación previa de ocho tomos, y una vez que concluya le solicitará a un juez que emita una orden de aprehensión, eso puede ser hoy, mañana o en los siguientes días”, explicaron en ese momento Ulrich Richter Morales y Agustín Liñán Salinas, apoderados legales de la ASPA.

Documentos a los que tuvo acceso este diario daban cuenta de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) explicó al Ministerio Público que Gastón Azcárraga violó la Ley del Mercado de Valores al no entregarles a tiempo información a los accionistas sobre la venta que realizó de Mexicana de Aviación.

Parte de la averiguación recuerda que el 28 de junio de 2011 la ASPA presentó ante la PGR una denuncia de hechos por la posible omisión en que incurrió Azcárraga Andrade como director general de Grupo Posadas, al no informar a los inversionistas la suspensión de operaciones de Mexicana.