A más tardar, la próxima semana se definirá la situación legal de dos ex agentes de la extinta Policía Judicial, acusados de secuestrar y asesinar al empresario atlixquense Ricardo Ramírez Rodríguez, en enero de 2008.

Lo anterior se debe a que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal postergó la resolución de la demanda de amparo, la cual tuvo que haber sido emitida el día miércoles.

Este juicio de garantías fue interpuesto por los dos ex elementos procesados: José Díaz Salinas y José Carlos Quiterio, quienes enfrentan sentencias de 36 y 41 años de prisión, respectivamente, luego que el juez Primero de lo Penal les impusiera esa condena por los delitos antes referidos.

Por estos hechos se iniciaron dos averiguaciones previas, una de ellas es la número 020/2008/DMS-II, en la cual se establece que el 31 de enero de 2008, el empresario Ricardo Ramírez Rodríguez fue levantado por los dos ex judiciales y éstos mismos posteriormente también privaron de la libertad a su hermano Antonio Ramírez Rodríguez.

En sus declaraciones, Antonio relató cómo los ex elementos de la PGJ los detuvieron de forma arbitraria al tiempo que le exigían la cantidad de 500 mil pesos para dejarlos libres. No obstante, él pudo escapar de ellos, pero su hermano fue trasladado a las instalaciones de la dependencia, donde lo habrían torturado y asesinado a golpes.

Pese a que los primeros informes de la PGJ indicaron que la víctima murió por asfixia por broncoaspiración, una segunda necropsia arrojó que el cadáver presentó signos de tortura y la defensa de la parte acusadora también demostró con evidencias que el empresario fue golpeado.

Por lo anterior, los acusados se encuentran recluidos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Miguel, junto con un tercer implicado de nombre Rolando Contreras Chang, quien por el momento decidió no recurrir al amparo.

El argumento que dieron los abogados de los sentenciados para solicitar este recurso al Tribunal Primero de lo Colegiado, fue que el proceso en su contra fue bajo presión de los medios de comunicación.

La autoridad federal espera emitir un fallo en los próximos días. Se prevé que pueda tardar aproximadamente una semana.