La Comisión para el Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales  (CAIP) del estado de Puebla fue el organismo mejor evaluado del país en el Índice Nacional de Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI), realizado por las organizaciones Artículo19 y México Infórmate.

La CAIP acreditó el 70.2 por ciento de los rubros evaluados, cuando el 100 por ciento implica la máxima garantía de derecho a la información, con lo que se ubicó como el mejor de los institutos estatales encargados del acceso al derecho a la información.

El estudio que mide el desempeño de los institutos en los 31 estados de la República y en el Distrito Federal, destaca que sólo Puebla, Tlaxcala, el Distrito Federal, Durango, Chihuahua y Nuevo León, alcanzaron un puntaje aprobatorio superior al 60 por ciento.

En contraste, las restantes 26 entidades no garantizan de forma adecuada el derecho de acceso a la información, según el reporte dado a conocer este miércoles.

Los números positivos de la CAIP

La evaluación se basa en tres aspectos fundamentales que son: transparencia y rendición de cuentas de órganos garantes, en el que la CAIP obtuvo 66 puntos porcentuales; en la promoción del derecho de acceso a la información calificó con 66.7, y en resolución de controversias obtuvo 77.8 por ciento.

En otras variables secundarias evaluadas, como acceso a la información, la CAIP logró 100 de 100 puntos posibles, al igual que en mecanismos de asistencia y en seguimientos de resoluciones.

En lo relativo a quejas de los usuarios del organismo, la CAIP obtuvo una puntuación del 75 por ciento, al señalar no haber recibido quejas en contra de sus funcionarios públicos en 2012 y 2013 y tener contemplado en la Ley de Transparencia un sistema para la recepción de inconformidades.

Sin embargo, de la revisión de fuentes públicas no fue posible identificar una sección en el portal de la CAIP o la sección de transparencia donde se diera cuenta de las quejas interpuestas en contra de servidores públicos que laboran en el órgano garante.

En publicidad de la actuación de los titulares de los órganos garantes, Puebla obtuvo 28.6 por ciento, mientras que en la disponibilidad de informes alcanzó el 66.7 por ciento.

En el renglón de promoción del derecho de acceso a la información obtuvo una calificación negativa, al no contar con la base de datos que permita conocer la proporción del presupuesto ejercido para la implementación de programas educativos y programas de capacitación. En esta variable únicamente los estados de Chihuahua y Querétaro obtuvieron una puntuación de 100.

La CAIP gasta poco y obtiene buenos resultados

El estudio revela que no por tener más presupuesto se obtienen mejores resultados, ya que el órgano de transparencia de Puebla, el cual obtuvo la mejor calificación nacional, gasta por usuario 2.7 pesos.

En contraste, el que más recursos destinó por persona en 2013 fue el Distrito Federal, con 13.12 pesos, pero obtuvo el tercer lugar en el índice de los mejor evaluados, con 66.5 de calificación.

A nivel nacional, el promedio del presupuesto ejercido per cápita en 2010 fue de 6.37 pesos; en 2011 de 6.76 pesos y en 2012 de 7.45 pesos.

Reprueban a 8 de cada 10 organismos

A nivel nacional, 81 por ciento de los institutos estatales encargados del acceso al derecho a la información no lo garantizan y, en cambio, ponen trabas para la entrega de datos, no transparentan los argumentos para negar las solicitudes hechas por ciudadanos o no cuentan con un sistema de procedimientos para el manejo de información.

La investigación realizada por Gabriela Morales y Ana Cristina Ruelas mostró que la entidad peor calificada es San Luis Potosí con 20.1 de parámetros aprobados, y una de las principales carencias que tiene este instituto es que no cuenta con un portal de internet accesible y presenta malas prácticas para gestionar solicitudes de información.

Le siguen el estado de México con 39.2 de calificación; Baja California Sur con 40.9; Nayarit y Guanajuato con un empate de 46.6.

Dentro de las malas prácticas está el hecho de que ni siquiera los currículos de los comisionados o consejeros que integran los institutos pudieron darse a conocer.