La Comisión Especial para dar Seguimiento a las Acciones que han Emprendido las Autoridades en Relación a los Feminicidios, advirtió que el gasto etiquetado para las mujeres y la igualdad de género de los programas del Anexo 12 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), “mantiene invisibilizada la gravísima problemática de los feminicidios y la violencia contra las mujeres”.

Subrayó que se han registrado 36 mil 606 muertes de mujeres en el periodo comprendido entre 1985 y 2010, con presunción de homicidio, siendo la población femenina de entre 20 y 40 años la más vulnerable.

Ante la persistencia de este fenómeno, y con el objetivo de garantizar la integridad de las víctimas, la instancia legislativa que preside la diputada Guadalupe Socorro Flores Salazar (PRD) presentará una propuesta de etiquetación de programas que atiendan esta problemática, para incluirse en el Anexo 12 del PEF 2014.

Considera un monto de 760 millones de pesos para que dependencias como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim); la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra); el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, implementen dichos programas.

De la cantidad referida, detalla un documento proporcionado por el órgano legislativo, se asignarían 640 millones de pesos para la creación de Centros de Justicia para las Mujeres en las entidades federativas, y un programa a cargo de la Conavim que destinaría 20 millones a cada estado de la República y el Distrito Federal para tal efecto.

Por otra parte, un monto de 30 millones de pesos se entregaría a la Fevimtra para establecer mecanismos de cooperación con las procuradurías locales y homologar criterios y protocolos para identificar y tratar los cadáveres de mujeres asesinadas, incluidas aquellas con identidad desconocida.

La misma fiscalía contaría con 2 millones de pesos para capacitar al personal forense, médicos, ministerios públicos, policías, investigadores y jueces, en el nuevo tipo penal de feminicidios, así como en los protocolos de investigación y registro de Datos genéticos, y otros 2 millones para crear el Registro Nacional de datos Genéticos para la Identificación de víctimas de feminicidios y mujeres desaparecidas (Rendag).

La Comisión Especial señala que el INEGI formaría parte del combate a este delito, colaborando en la realización de un Estudio Estadístico Nacional en Materia de Feminicidios en México, para lo cual se le asignarían 15 millones de pesos.

Asimismo, el Secretariado del Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública dispondría de 6 millones para implementar campañas hacia la prevención y atención del feminicidios entre la población rural, indígena y migrante.

El monto restante sería destinado a diversos programas para fortalecer espacios de protección a las mujeres y de investigación de feminicidios, y para garantizar el cumplimiento de las leyes en la materia e implementar programas auxiliares.

En las justificaciones de la Comisión Especial para presentar esta propuesta, afirma que la complejidad del entorno social en el que crecen y se extienden los feminicidios y la violencia en México, obliga a todos los niveles de gobierno, así como a los poderes de la República, a emprender acciones integrales para garantizar el derecho a la libertad y a la vida de las mujeres.

En suma, es menester “recuperar el tejido social y, sobre todo, restablecer el sentido de justicia y de derechos en nuestra vida cotidiana”, sostiene el órgano legislativo.