La licencia que el Cabildo de Tezuitlán aprobó para que Carlos Peredo Grau se separe de su cargo como alcalde no lo exime de concluir con el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR) que le fincaron los diputados locales, señaló Jesús Zaldívar Benavides.

Como presidente de la Comisión Inspectora, el panista aclaró que el munícipe tiene la responsabilidad de concluir con el proceso que el pasado 12 de septiembre avaló el pleno del Congreso.

El proceso administrativo en contra de Peredo Grau derivó del dictamen de la Comisión Inspectora, en el cual se determinó que el priísta no comprobó el uso de 21 millones 423 mil 261 pesos, cifra de la cual 16 millones de pesos corresponde a deficiencias administrativas y 4 millones de pesos por supuesto daño patrimonial.

El IPADR que aprobó el pleno de la LVIII Legislatura corresponde al periodo del 15 de febrero al 31 de diciembre de 2011, primer año de su gestión como alcalde del municipio serrano.

Aunque Peredo Grau se separó de su cargo como presidente municipal, está obligado a solventar las observaciones hechas a su cuenta pública durante el periodo que la Auditoría Superior del Estado (ASE) revise, refirió Zaldívar Benavides.

El diputado del PAN indicó que Peredo Grau sí fue notificado sobre el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades (IPADR), pero aclaró que no puede informar si el político ya inició con el proceso de solventación.

Por su parte, el legislador del PRI Gerardo Mejía Ramírez lamentó que la ASE se utilice como un medio de chantaje político y criticó que el dictamen de la Comisión de Inspectora se basara en que los comprobantes del uso de los recursos no contaran con una copia del documento original.

Denunció que querían desprestigiarlo

Cabe recordar que el presidente municipal de Teziutlán, Carlos Peredo Grau, anteriormente acusó a la Auditoría Superior del Estado (ASE) de negarse a recibir la documentación comprobatoria del primer año de su gobierno.

De acuerdo con el edil con permiso, en esa documentación respalda los 21 millones 423 mil pesos por los que la Comisión Inspectora aprobó el Inicio de Procedimiento Administrativo de Determinación de Responsabilidades en su contra.

En aquella ocasión, Peredo Grau calificó las declaraciones como “situaciones políticas" que pretendían desprestigiarlo.

Además, afirmó que no había sido notificado por el Congreso del Estado sobre el procedimiento en su contra, y explicó que a partir de que se le notificara, la Ley le brinda el derecho de presentar las pruebas correspondientes en un periodo de 45 días, documentos que, según declaró, se encuentran en orden para aclarar y comprobar  en cualquier momento el destino que tuvo ese recurso.