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Puebla no delimitó su territorio con mojoneras, dice síndico Bojalil

  • Patricia Méndez
Afirmó que el ayuntamiento poblano tiene la facultad de realizar obras en la franja limítrofe
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El síndico de Puebla, Ernesto Bojalil Andrade, rechazó que el gobierno capitalino haya colocado mojoneras para delimitar su territorio, sobre el rio Zapatero y su colindancia con por lo menos tres colonias, hasta ahora consideradas como parte de la comuna de San Andrés Cholula; empero, afirmó que el ayuntamiento poblano tiene la facultad de realizar obras en la franja limítrofe.

Después de que los vecinos de San Andrés se agruparan en un consejo para emprender acciones en defensa del territorio de esa alcaldía, el funcionario municipal consideró que la resolución del caso no depende del sentir de la ciudadanía, sino de una decisión legal que debe ser emitida por el Congreso local.

“La manifestación de algún grupo de ciudadanos no necesariamente refleja el sentir de los ciudadanos que viven en la zona, y definitivamente tenemos que someternos al fallo del Congreso local porque es la autoridad soberana para definirlo, así lo establece la Ley de Delimitación Territorial”, ahondó durante rueda de prensa.

Durante el fin de semana, al menos una treintena de vecinos conformaron el Consejo Ciudadano para la Defensa de los Límites Territoriales de San Andrés Cholula a través del que emprendieron una campaña para evitar ser absorbidos por Puebla, a través de la colocación de mantas.

Asimismo, buscan retirar las mojoneras mencionadas, las cuales aseguran fueron colocadas por el gobierno capitalino sobre el rio Zapatero y su intersección con la colonia sanandreseña Concepción La Cruz.

Al respecto, Bojalil rechazó la acusación aunque afirmó que el ayuntamiento poblano está facultado para realizar acciones de recaudación y de obra pública en la franja limítrofe, que tiene una longitud de 8.5 kilómetros y que alberga a por lo menos 26 colonias y a 45 mil habitantes.

Explicó que la Ley de Ingresos de Puebla correspondiente al 2013, retoma el Decreto emitido en 1962 que anexa la franja limítrofe en disputa a Puebla, documento que fue validado en 2012 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por lo que el gobierno de la capital está facultado para ejercer acciones en esa área. 

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