Las autoridades civiles deben investigar y esclarecer de inmediato la aparente desaparición forzada de tres personas, dos de ellas menores de edad, a manos de miembros de la Marina en Nuevo Laredo. Las autoridades navales deben dar a conocer el paradero de las tres personas sin dilación y asegurar su integridad física, subrayó en un comunicado la organización Amnistía Internacional.

Estableció que el presidente Enrique Peña Nieto tiene la obligación de dar un mensaje fuerte de que la desaparición forzada es inaceptable durante su gobierno y tomar las medidas urgentes necesarias para encontrar con vida a las víctimas y consignar ante las autoridades civiles competentes a los responsables.

De acuerdo con el relato que hace Amnistía Internacional, miembros de la Marina detuvieron a José de Jesús Martínez Chigo y Diana Laura Hernández Acosta, de 17 años, en un retén en Nuevo Laredo durante la madrugada del 29 de julio mientras viajaban en una camioneta. Un familiar  pudo ver que fueron arrestados y llevados al campamento de la Marina en la Ciudad Deportiva. No se ha sabido más de ellos. Familiares de ambas personas visitaron el campamento ese día pero los marinos les dijeron que no tenían a nadie detenido ahí.

Al día siguiente, en un incidente similar, Raúl David Álvarez Gutiérrez, de 17 años, fue detenido por marinos en un retén en la zona sur de la ciudad. Testigos oculares, incluida una persona que lo conoce, informaron a los familiares de Raúl Álvarez que el joven fue subido a un vehículo de la Marina. Pero los testigos no han declarado ante las autoridades por temor a represalias, prosigue la organización.

Amnistía Internacional asegura que las autoridades navales en Nuevo Laredo han negado la detención de estas personas, así como proporcionar cualquier otra información sobre los hechos o sobre sus paraderos actuales.

Exigió que la Procuraduría General de la República realice una investigación completa, imparcial y efectiva para esclarecer estas presuntas desapariciones forzadas incluyendo apersonarse en las bases y campamentos de la Marina en la zona Las autoridades también deben garantizar la protección de familiares y testigos para prevenir posibles represalias.

Subrayó que la presunta desaparición forzada de José Martínez, Diana Hernández y Raúl Álvarez es una muestra más de la gravedad y persistencia de la desaparición de personas en México, ya sea por parte de actores estatales o por el crimen organizado. Las escasas medidas adoptadas por el gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto difícilmente constituyan una respuesta adecuada, indica.

Refrendó que existen antecedentes recientes de desapariciones forzada realizadas, según la organización, por la Marina en Nuevo Laredo. Desde junio de 2011 seis hombres se encuentran desaparecidos luego de haber sido detenidos por marinos, señaló. La Comisión Nacional de Derechos Humanos confirmó estas desapariciones forzadas y recomendó una investigación completa, pero el paradero de las víctimas permanece desconocido y los responsables continúan en la impunidad.

La organización indicó que el gobierno federal y los gobiernos estatales deben tomar medidas urgentes para fortalecer los mecanismos de búsqueda inmediata, investigar adecuadamente y con prontitud todos los casos y llevar a los responsables ante la justicia.