El actual secretario de Salud, Roberto Rivero Trewartha, compró medicamentos por 175 millones de pesos sin licitación de por medio, en diciembre del 2011 cuando, se desempeñaba como director del ISSSTEP, de lo que tuvo conocimiento la entonces titular de la Contraloría, Irma Patricia Leal Islas, denunció el ex consejero del organismo Alfredo Páez Cruz.

En rueda de prensa, aseguró que ante la inconformidad mostrada para avalar dicha compra le inventaron cargos y fue encarcelado cinco meses e inhabilitado por cuatro años, por un delito que, asegura, "fue inventado".

Páez Cruz señaló que las anomalías en la compra de medicamento para los derechohabientes del ISSSTEP, que en su mayoría son trabajadores del gobierno estatal y docentes, vienen desde la administración del ex director Ricardo Villa Issa y continuaron en la actual gestión, por lo que extendió una queja formal ante la Contraloría, recibida el 11 de junio del 2011 por la delegada Minerva Umejido.

Pese a las compras que promedian 25 millones de pesos mensuales y asignaciones extraordinarias que no se licitaron, por más de 170 millones de pesos en un mes, el ISSSTEP se mantiene con enormes carencias y desabasto de insumos, aseguró Páez Cruz.

El Consejo del ISSSTEP es el encargado de revisar el funcionamiento del organismo y está integrado por miembros del gobierno del estado, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y por el Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados.

En el año en el que se presentaron las anomalías, los miembros del consejo eran el secretario de la sección 51 del SNTE,  Cirilo Salas Hernández; Héctor Posadas Manzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados;  Néstor Gordillo Castillo, María Luisa Gutiérrez Hernández y José Martín Rodríguez Sánchez, representantes del gobierno del estado.

Además de Alfredo Páez Cruz y Gil Morales Ruiz, del Sindicato de Servidores Públicos; y los profesores Marco Antonio Soto Gaeta y Juan Guerrero Ríos, de la Sección 51 del SNTE.

Las acusaciones

El ex funcionario estatal y ex consejero del organismo asegura que el líder del sindicato de burócratas, Héctor Posadas, le dijo que "le bajara" a sus quejas contra la compra de medicamento y que aprobara, en su carácter de representante propietario, los movimientos financieros, a lo que no accedió.

Según Páez Cruz, el líder de los burócratas le dijo "te van a chingar si no le bajas". El 31 de mayo fue detenido por orden de la Fiscalía Especializada en Delitos cometidos por Servidores Públicos por el cargo de falsificación de documentos.

En la acusación en su contra, dos personas aseguraron que les vendió engomados para circular sin placas por 30 pesos cada uno, es decir que supuestamente cobró 60 pesos en su carácter de delegado de la Secretaría de Transportes en Xicotepec de Juárez.

En su defensa, Páez dice que la acusación en su contra estipula que el día que recibió los 60 pesos fue el 25 de noviembre de 2011 al mediodía, y a esa hora se encontraba en una reunión de la junta directiva del ISSSTEP, por lo que no hubo evidencias y quedó en libertad.

Señala una añeja relación con Patricia Leal

Según Páez Cruz, la ex contralora y actual candidata a diputada por la coalición Puebla Unida, Patricia Leal, fue su jefa inmediata en el 2000, cuando él se desempeñaba como jefe de supervisión y la ahora candidata era subsecretaria de Transportes en la administración de Melquiades Morales Flores.

El distanciamiento con su jefa se dio, según el quejoso, durante un recorrido de rutina, cuando se detectó un taxi con placas falsas que resultó ser propiedad del padre del actual secretario de Transportes, Bernardo Huerta, quien en ese año era coordinador general de Transporte.

El reporte del delito en que incurrió el padre del funcionario estatal le fue dado al ex secretario de transportes, Marco Antonio Rojas Flores, quien lo encubrió.

Al finalizar, Páez Cruz señaló que mantiene la queja 2013/87R ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la denuncia penal MPF/2170/2013 ya que, al detenerlo, irrumpieron en su oficina sin orden de cateo y fue acusado con testigos falsos, ya que sus delatores no son permisionarios del transporte público.

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