Obra pública no ejecutada o de mala calidad, pago de bonos improcedentes, incumplimiento de contratos y falta de documentación comprobatoria del ejercicio de presupuestos federales son parte de las observaciones recurrentes que detectó la Auditoría Superior de la Federación en el empleo de fondos federales por parte de Puebla entre el año 2000 y 2010.

En este periodo, el gobierno de la nación destinó 334 mil 830 millones de pesos para el estado de Puebla por medio de 11 fondos orientados a temas de salud, educación, infraestructura y seguridad pública, según se especifica en el informe “Recurrencia de las Observaciones de Auditoría del Gasto Federalizado 2000-2010”.

Sobre estos recursos, la ASF realizó 44 auditorías en Puebla al gasto del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB), el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), el Seguro Popular, el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Así como al Fondo de Aportaciones Para la Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA), Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), el Subsidio para la Seguridad en los Municipios (Subsemun), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).

De las evaluaciones hechas por el órgano federal, derivaron 523 observaciones por aparentes irregularidades en el manejo de los recursos, de las cuales 406 fueron solventadas durante el proceso de fiscalización.

También se emitieron 127 promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria hacia los funcionarios públicos relacionados con estas faltas, aunque no se detalla la magnitud de las sanciones ni se identifica a los titulares de las mismas.

En el periodo analizado, el gobierno del estado tuvo que reintegrar 522.1 millones de pesos como parte de las observaciones generaras por el ente federal.

Si bien el estudio de la ASF hace mención al periodo transcurrido entre el 2000 y el 2010, es importante mencionar que las auditorías realizadas abarcan sólo a partir del 2004.

Marinistas usaron recursos de salud para pago de bonos

Durante la administración de Mario Marín Torres (2005-2011), la ASF generó 80 acciones en torno a la operación del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA), de las cuales 15 fueron procesos administrativos en contra de funcionarios del sector salud.

Bajo la gestión de Alfredo Arango García como secretario de Salud, el órgano fiscalizador encontró que los recursos de este fondo fueron empleados para el pago de compensaciones de mandos altos y medios, así como de plazas que no habían sido autorizadas.

Este tipo de observaciones también fueron emitidas en torno a la aplicación de los recursos del Seguro Popular en los años 2009 y 2010, cuando incluso se apuntó que este presupuesto se empleó para pagar honorarios de personas que no estaban adscritas a los servicios de salud.

En las auditorías de ambos fondos federales se encontró, además, una deficiencia en el manejo de los medicamentos, además de que las recetas médicas eran surtidas de manera incompleta.

Entre los aspectos administrativos observados por la ASF en el uso de estos recursos federales, resalta la falta de transparencia en el ejercicio del presupuesto, irregularidades en las cuentas bancarias destinadas a la recepción de las aportaciones del gobierno federal e insuficiencia en los registros contables de la Secretaría de Salud estatal.

Obras públicas no beneficiaron a la población meta

Entre 2004 y 2010, el gobierno estatal y los ayuntamientos de por lo menos 10 municipios realizaron obras con recursos federales sin que éstas llegaran a la población meta.

En los análisis de las cuentas públicas de este periodo, relacionadas con el Fondo de Infraestructura Social Estatal (FISE) y el Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM), la auditoría federal observó que las obras y acciones implementadas con estos recursos no favorecieron a la gente con rezago social o en condiciones de pobreza, a pesar de que éste es uno de los requisitos para recibir los recursos.

En lo que respecta a las responsabilidades del Ejecutivo estatal, se indicó que se realizaron pagos improcedentes con este recurso y se incumplieron las metas establecidas en 2008 y 2010.

A los municipios de Atlixco, Puebla, Tehuacán, Quecholac, Chignahuapan, Tecamachalco, Cuetzalan y Zacatlán se les reportaron irregularidades en los contratos firmados para la ejecución de obras, así como el traspaso de los recursos hacia otros fondos de apoyo.

Por otra parte, en las auditorías relacionadas con el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun) y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la ASF indicó que se pagó por obras que no fueron ejecutadas o fueron realizadas con mala calidad y con costos elevados.

Ni el gobierno del estado ni las autoridades de los cinco municipios auditados presentaron los reportes trimestrales de la aplicación de estos recursos. Tampoco la documentación comprobatoria de los mismos, además de que se encontraron deficiencias en su contabilidad.

Fondos de educación empleados para pagos no autorizados de sindicalizados

El pago de salarios de trabajadores sindicalizados sin que se hayan presentado los oficios correspondientes, fue una de las observaciones que emitió la ASF sobre el empleo en Puebla del Fondo de Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

Además se apuntó la insuficiencia en los procesos de adjudicación y de contratación para las áreas de educación del estado y el incumplimiento de las metas del fondo.

El reporte de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Educación Técnica y para Adultos (FAETA) presentó observaciones similares.

El pago de bonos y compensaciones no autorizadas, la falta de tabuladores para los salarios de las bases y de transparencia en los gastos personales, fueron aspectos señalados en las auditorías de 2007 y 2009 a este fondo.

En relación con la aplicación del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), sólo se apuntó que el Sistema Estatal DIF empleó estos recursos para acciones que no se encontraban estipuladas en las reglas de operación y que la Secretaría de Finanzas retrasó la entrega de estos presupuestos.

Observan deficiencias en equipos para Seguridad Pública

En materia de seguridad, la ASF observó que los bienes adquiridos por el ayuntamiento de Puebla con recursos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios presentaban deficiencias o estaban incompletos.

En las auditorías de 2008 y 2010 se señalaron también irregularidades en la entrega de equipamiento  los cuerpos de seguridad pública y deficiencias en la implementación del Servicio Profesional de Carrera Policial, así como de un sistema de inteligencia para la fuerza pública municipal.

En cambio, sobre el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados (FASP), en los años 2006, 2009 y 2010, se detectaron pagos improcedentes, incumplimiento de contratos e irregularidades en la conformación de expedientes de las obras que fueron contratadas.

Además, en el reporte de la ASF se apunta que en este periodo no se aplicaron por completo los recursos recibidos por el estado para la estrategia de seguridad.