El tema de la inhabilitación de Porfirio Loaeza Aguilar ya no se encuentra en manos del poder legislativo estatal, debido a la serie de recursos legales para evitar que esta sanción entre en vigor, aseguró Mario Riestra Piña, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local.

Agregó que desde la legislatura pasada, el edil de Tlatlauquitepec ha presentado amparos y recursos penales, tanto en los juzgados locales como federales, como parte de una estrategia dilatoria para evitar que inicie el periodo de inhabilitación que le fue impuesto.

En 2011 el Legislativo aprobó la sanción por 11 años para Loaeza Aguilar, luego de que se encontraron irregularidades en la cuenta pública del ejercicio fiscal 2006 del ayuntamiento de Tlatlauquitepec, cuando éste se fungía por primera vez como presidente municipal.

Si bien han pasado casi dos años sin que la inhabilitación haya entrado en vigor, Riestra Piña resaltó que el Congreso cumplió con su parte y que la sanción se encuentra “firme” y “vigente”.

Señaló que los recursos que ha presentado le han sido negados, por lo que una vez que se resuelvan los últimos amparos que fueron turnados, entraría en vigor la sanción.