Al promulgarse este miércoles la nueva Ley de Disciplina Financiera que fija obligaciones para el gobierno federal, administraciones estatales y municipales, la información de los ayuntamientos de Puebla es inexistente o destaca por su opacidad.

Actualmente, sólo Puebla y Atlixco cuentan con un apartado específico en sus portales electrónicos para reportar deuda pública, rubro que será uno de los principales aspectos a reglamentar por la nueva normativa, sin embargo este último informó que no ha contraído créditos cuando en realidad sí los tiene.

La Ley de Transparencia poblana obliga a tener una página electrónica sólo aquellos municipios que rebasen los 70 mil habitantes, caso que aplica a 15 de las 217 demarcaciones que conforman el estado, el resto puede publicar información a la que está obligado mediante otros medios, incluso, volantes.

En la última evaluación que la Comisión para el Acceso a la Información Pública (CAIP) hizo de la información que estos 15 ayuntamientos deben publicar en sus páginas web, correspondiente a 2015, obtuvieron una calificación de 73.8 puntos en una escala de cero a 100.

Las calificaciones más bajas fueron para Amozoc y Teziutlán, que obtuvieron 26.68 y 29.94 puntos, respectivamente.

Ley reglamentará información financiera y deuda pública

La nueva Ley de Disciplina Financiera que este miércoles promulgará el presidente Enrique Peña Nieto requiere a los estados y municipios publicar información financiera en rubros como el proceso de la contratación de deuda pública y sus montos actuales, así como estados financieros de gobiernos estatales y municipales.

En el caso de los ayuntamientos, el documento establece que estos deben publicar en sus portales electrónicos los informes de sus finanzas públicas correspondientes a los últimos tres años, estudios actuariales actualizados cada cuatro años sobre las pensiones de sus trabajadores.

De igual manera, la normativa solicita a las comunas hacer públicos balances presupuestales sostenibles, así como los montos de recursos destinados a cubrir adeudos de ejercicios fiscales anteriores y que estos no rebasen el 2.5 por ciento de sus presupuestos anuales.

En el caso de las entidades federativas, la ley marcará a los estados un límite anual para el financiamiento de los empréstitos que soliciten, además les impedirá aumentar en más del tres por ciento el presupuesto destinado a servicios personales, en relación con el ejercicio fiscal anterior.

La normativa obligará a municipios y gobiernos estatales a inscribir sus pasivos o contrataciones de créditos, incluso, las obligaciones financieras que se contraigan a través del esquema de Asociación Pública Privada (APP) en un registro único público que tiene como fin dar a conocer la deuda contratada de estos dos entes y otras obligaciones como arrendamientos financieros, factorajes y garantías.

Lo anterior servirá como base del nuevo “sistema de alertas”, el cual categorizará la deuda de los estados en “sostenible”, “en observación” y “elevada”.

Para poder inscribir alguna operación en el registro único, será necesario incluir acreedores, monto contratado, tasa efectiva, plazo y recurso otorgado como fuente de pago o garantía.

Una vez que la ley sea promulgada, las entidades del país cuentan con un periodo de 180 días para armonizar sus legislaciones con la federal, aunque especialistas estiman que esto ocurrirá hasta 2018.

Son inexistentes registros de deuda pública en municipios

Entre los 15 ayuntamientos al menos obligados a contar con un portal electrónico para difundir su información en materia de transparencia, sólo el municipio de Puebla ofrece información sobre deuda pública.

La comuna capitalina cuenta con un apartado en su portal para reportar las obligaciones financieras que tiene, el acreedor, el pago de las mismas y los intereses que estas generan.

El municipio de Atlixco también cuenta con un espacio para consultar su deuda pública, sin embargo en este la comuna informa que no cuenta con créditos contratados, pese a que contrató un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) con la empresa Infraenergía para renovar el sistema de alumbrado público, el cual asciende a 151 millones de pesos a pagar en 10 años.

En cambio, las comunas de Amozoc, Teziutlán, Tehuacán, San Martín Texmelucan, Atlixco, Huauchinango, Cuautlancingo, Zacatlán, Xicotepec, Tepeaca, Izúcar de Matamoros, Tecamachalco, San Pedro y San Andrés Cholula, no ofrecen información sobre deuda pública.

Lo anterior, pese a que los ayuntamientos de Amozoc, San Martín Texmelucan, Huauchinango, Zacatlán y Xicotepec, sostienen algún tipo de crédito. 

Incluso, la información que ofrecen algunos ayuntamientos está rezagada, por ejemplo, Amozoc que publica estados financieros actualizados hasta octubre; Teziutlán, cuyos últimos reportes de ese tipo corresponden a junio pasado; San Martín que actualizó esa información hasta 2015.

Algunos otros gobiernos municipales como Xicotepec, Tecamachalco o Tepeaca, cuentan con información financiera armonizada a la Ley de Contabilidad Gubernamental, sin embargo tampoco está actualizada.