A través de un juicio de revisión constitucional, el partido Movimiento Ciudadano buscará que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  (TEPJF) ordene al Instituto Electoral del Estado (IEE) hacer público el expediente de Armando Guerrero Ramírez, quien renunció a la presidencia del organismo tras revelarse que presentó documentación falsa para obtener el cargo.

El medio de impugnación se presentó ante la Sala Superior del TEPJF y se registró con la clave SUP-JRC-97/2016. El análisis del juicio está a cargo del magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar, autor del proyecto por el que el órgano jurisdiccional aprobó revocar el acuerdo con el que IEE negó el registro como candidata independiente a Ana Teresa Aranda Orozco.

Desde noviembre de 2015, la representación del partido Movimiento Ciudadano (MC) pidió a la Secretaría Ejecutiva del IEE una copia certificada del expediente administrativo de Guerrero Ramírez, quien julio de ese mismo año anunció su dimisión al cargo.

La respuesta llegó el 11 de noviembre mediante el oficio IEE/SE-013/2015. La copia certificada del expediente se proporcionó a  Movimiento Ciudadano, pero con supresión de datos personales, y además se precisó que la información en original podría consultarse de manera directa en la Unidad de Formación y Desarrollo del  IEE.

Ante la situación, Movimiento Ciudadano promovió un recurso de apelación ante el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP), instancia que hasta el 13 de marzo determinó confirmar la respuesta del IEE.

Con el juicio de revisión constitucional, el TEPJF podría dar la razón al partido de izquierda para que el órgano electoralentregue de manera íntegra la copia del expediente de Guerrero Ramírez, quien en noviembre de 2012 inició la gestión como presidente de IEE, misma que terminaría hasta noviembre de 2019.

En julio de 2015, e-consulta reveló que a pesar de que Armando Guerrero Ramírez aseguró que contaba con  el título de abogado expedido por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la Dirección General de Profesiones (DGP) de la SEP federal no existe antecedente que diera cuenta que el exfuncionario contaba con los estudios profesionales.

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