Pese a que durante casi seis meses la Fundación Julita y Antonio insistió ante distintas autoridades para frenar el tiradero clandestino instalado en un predio de Covadonga, fue hasta que el caso se hizo público y la Comisión de Derechos Humanos intervino que el Ayuntamiento de Puebla realizó una inspección para detener el ingreso de residuos.

Sin embargo, el problema aún no está resuelto, ya que el sitio sigue sin ser clausurado de manera definitiva y existe preocupación por los daños ambientales que podrían agravarse con las lluvias.

La fundación recordó que el primer paso se dio el pasado 6 de enero, cuando presentó una denuncia formal acompañada de fotografías y otras evidencias que documentaban cómo ingresaban al predio para descargar escombros, basura y residuos orgánicos.

Y lejos de encontrar una respuesta inmediata, los denunciantes aseguran que comenzó un largo recorrido por distintas dependencias, primero con la Secretaría de Medio Ambiente estatal la cual se declaró incompetente para atender el caso y posteriormente la Comisión Nacional del Agua (Conagua) que tampoco dio respuesta a las solicitudes presentadas.

Meses de gestiones sin resultados

Ante la falta de acciones, los representantes de la fundación buscaron una reunión con la dirección de Conagua y también acudieron al Congreso del Estado para exponer la problemática, pero ninguna de esas gestiones logró detener la operación del tiradero en Covadonga.

Fue hasta que el caso se difundió en medios de comunicación y que la Comisión de Derechos Humanos del Estado inició un procedimiento de oficio que el Ayuntamiento de Puebla realizó una inspección en el predio, el pasado 15 de mayo.

De acuerdo con la fundación, esa visita marcó un cambio importante, ya que desde entonces dejaron de ingresar vehículos con residuos al terreno, lo que frenó temporalmente la contaminación que se estaba generando en un área colindante con el río Atoyac.

La clausura sigue pendiente

Aunque el Ayuntamiento ya levantó un acta de inspección y el procedimiento continúa en curso, la fundación advirtió que todavía falta el paso más importante: la emisión del dictamen que permita determinar las sanciones contra los responsables y ordenar la clausura definitiva.

Explicaron que esperan que el gobierno municipal dé a conocer los resultados de la inspección y concrete las acciones necesarias para impedir que el predio en Covadonga vuelva a ser utilizado como depósito ilegal de basura y de no ocurrir recurrirán nuevamente a las instancias legales.

Temen contaminación por los lixiviados

Aunque los camiones dejaron de ingresar al predio, la basura acumulada permanece en el lugar y con el inicio de la temporada de lluvias, alertaron que los lixiviados generados por los residuos podrían filtrarse al subsuelo y contaminar los mantos acuíferos.

Por ello consideraron que los esfuerzos anunciados para sanear el Atoyac perderían efectividad si no se eliminan focos de contaminación como este e insistieron que la clausura del sitio debe realizarse cuanto antes.