Aunque en un primer momento el Congreso local aprobó la fusión de secretarías, el retiro del Registro Civil en juntas auxiliares y la facultad para particulares de fijar las tarifas de agua potable, después los propios diputados tuvieron que dar marcha atrás a las propuestas enviadas por el gobernador Rafael Moreno Valle.

A diferencia de las iniciativas de corte social -legalización del matrimonio gay, reconocimiento de la identidad sexogénerica, incorporación del plebiscito y consulta popular-, las cuales no han sido analizadas por parte de los diputados, las propuestas del mandatario estatal se aprobaron sin oposición.

Los proyectos del Ejecutivo han sido validados por la LVIII y LIX Legislaturas, en las cuales el bloque aliancista (PAN, Nueva Alianza, PRD, MC, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración) ha tenido mayoría.

Ahorro, argumento para cambios en secretarías

Entre 2011 y 2015, el Congreso del Estado aprobó 16 reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública presentadas por el gobernador Rafael Moreno Valle para fusionar, crear y desaparecer secretarías.

El argumento para la aprobación de la reingeniería fue el ahorro de recursos públicos, en total, 320 millones de pesos, según se expuso originalmente.

Antes de que cumpliera un mes como gobernador en funciones, Moreno Valle remitió al legislativo el primer paquete para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública.

La propuesta aprobada en febrero de 2011 generó 10 cambios en la estructura gubernamental, al pasar de 18 dependencias heredadas por Mario Marín Torres (PRI) a 16 oficinas al inicio del presente sexenio.

Los ajustes convirtieron a la Secretaría de Gobernación en la Secretaría General de Gobierno (SGG), dependencia de la que han sido titulares Fernando Manzanilla Prieto, Luis Maldonado Venegas, Jorge Benito Cruz Bermúdez (encargado de despacho) y Diódoro Carrasco Altamirano.

La oficina de Medio Ambiente se transformó en la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial (SSAOT); la misma situación pasó con la de Desarrollo Urbano y Obra Pública (SDUOP) la cual se identificó como Secretaría de Infraestructura (SI), desde la cual se impulsó a Antonio Gali Fayad, hoy candidato del PAN a la gubernatura.

La Contraloría del Estado sustituyó a la Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control de la Administración Pública, mientras que aComunicaciones y Transportes se le denominó como Transportes (ST).

La fusión de secretarías de la primera etapa del morenovallismo se dio con Desarrollo Económico y Trabajo la cual se transformó en la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade).

La Secretaría de Finanzas y Administración se dividió en dos dependencias, las cuales en un principio estuvieron a cargo de Roberto Moya Clemente (Finanzas) y Cabalán Macari Álvaro (Administración).

En el rubro de creación, Moreno Valle propuso la Secretaría de Servicios Legales y Defensoría Pública, y desapareció a la Secretaría de Cultural (SC) para conformar el Consejo Estatal para la Cultural y las Artes de Puebla (Cecap).

Los cambios en las dependencias gubernamentales generaría -de acuerdo con declaraciones del Ejecutivo- un ahorro de 250 millones de pesos.

Sin embargo, a finales de 2012 el gobernador remitió el segundo paquete para que la LVIII Legislatura aprobara nuevos cambios al gabinete.

Entre los seis cambios a las oficinas gubernamentales se contempló que la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento Territorial se incorporara a Desarrollo Rural; Servicios Legales y Defensoría Pública se adhiriera a la SGG.

Así como que Carreteras de Cuota Puebla dependiera de Infraestructura (SI), la Dirección de Comunicación Social fuera parte de Puebla Tv (antes Sicom), y que Finanzas y Administración volviera a ser una sola secretaría.

La fusión -justificó el mandatario en las iniciativas- permitiría economías por 70 millones de pesos.

La última modificación a la administración pública se dio en febrero de 2015. La reforma que validaron integrantes de la LIX Legislatura permitió que la Secretaría de Transporte, la cual estuvo a cargo de Bernardo Huerta Couttolenc, se integrara a Infraestructura.

Tras molestia social, viene nueva reforma

Dos años después de retirar la operación del registro civil a las 651 juntas auxiliares, el gobernador presentó una nueva propuesta para reformar la Ley Orgánica Municipal, con la cual se pretende devolver estos servicios a las autoridades subalternas.

El proyecto se presentó y aprobó mientras se desarrolla el proceso electoral, y tras la inconformidad generada entre la población que realizódiversas protestas en el primer semestre de 2014.

Fue en diciembre de 2013 que la bancada del PAN presentó la iniciativa que permitió reconocer como órganos desconcentrados de los ayuntamientos a las juntas auxiliares, que la SGG se hiciera cargo de la operación de los registros civiles, y retirarles la facultad a los presidentes subalternos de servir como jueces y designar a los comandantes y policías auxiliares.

La aprobación de la iniciativa -la cual modifica la Ley Orgánica Municipal y el Código Civil- se dio por mayoría de votos (PAN, Nueva Alianza, PSI, CPP, PT y fracciones del PRD y Movimiento Ciudadano).

Los votos en contra se generaron en las fracciones del PRI, PVEM y los diputados Socorro Quezada Tiempo (PRD) y Julián Peña Hidalgo (MC).

Las reformas proponen que los presidentes auxiliares serán coadyuvantes de la SGG para brindar los servicios del Registro Civil, pero en caso de incurrir en falsificación de documentos públicos (actas de nacimiento, matrimonio o defunción) obtendrán una condena de 8 años de cárcel.

Corrigen iniciativa sobre tarifas de agua

Después de 52 días de validar la reforma que envió Moreno Valle para concesionar el servicio del agua y permitir que empresas particulares fijaran las tarifas, los legisladores dieron marcha atrás a la propuesta hecha a la Ley de Aguas del Estado de Puebla.

El 3 de septiembre, los integrantes de la LVIII dieron luz verde tras un análisis del proyecto al interior de la Comisión de Medio Ambiente y el 12 del mismo mes se aprobó por mayoría en el pleno del Congreso.

La propuesta original contempló en el artículo 118 Bis facultar a los particulares que se hicieran cargo del servicio de agua potable a establecer las tarifas, sin necesidad de que el Congreso del Estado las revisara.

El cambio se generó luego de que los juzgados Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo, Octavo y Noveno de distrito admitieron juicios de amparopromovidos por el Comité Defensor del Patrimonio Histórico Cultural y Ambiental de Puebla.

Con la derogación del 118 Bis, el Congreso conservó la facultad de aprobar las tarifas del servicio del agua potable, pero se dejó firme la privatización hasta por 30 años de los 25 sistemas operadores.

En su momento, Luis Maldonado Venegas, otrora titular de la SGG, sostuvo que la reforma permitiría pondría fin a "los falsos rumores y la desinformación".