El reconocimiento del matrimonio gay y la identidad sexo genérica, la aprobación del plebiscito y la consulta popular, así como la abrogación de la Ley Bala son temas que el Congreso del Estado mantiene en “estudio” sin que se tenga una fecha concreta para su aprobación en el pleno.

Las iniciativas provienen de representantes del PRD, Movimiento Ciudadano, PSI y del gobernador Rafael Moreno Valle, quien tras el enfrentamiento ocurrido el 9 de julio de 2014 entre policías y habitantes de San Bernardino Chachihuapan envió al legislativo la propuesta para abrogar la Ley Bala.

A la nevera las uniones gay

Entre los temas que no han sido prioritarios para los diputados, destaca la legalización de la unión entre parejas del mismo sexo,aunque es una recomendación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En junio de 2015, el máximo tribunal del país emitió la jurisprudencia en la que se advierte que “la ley de cualquier entidad federativaque, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional”.

Ese mismo mes, Carlos Martínez Amador, entonces presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y Jorge Aguilar Chedraui, coordinador de la bancada del PAN –partido que se opone a la unión entre parejas del mismo sexo-, confirmaron que el Congreso fue notificado sobre el fallo y que éste se analizaría.

Sin embargo, la Comisión de Procuración y Administración de Justicia acumula nueve meses sin abordar el tema para modificar el artículo 294 del Código Civil del Estado, el cual hasta la fecha define al matrimonio como un “contrato civil por el cual un solo hombre y una sola mujer se unen en sociedad para perpetuar la especie y ayudarse en la lucha por la existencia”.

Al llamado hecho por la Corte, se adiciona el de la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González Cervantes, quien en diciembre presentó una iniciativa para modificar el apartado referido y dejar fuera que el punto respecto a que el fin del matrimonio es “perpetuar la especie”.

A la disposición de la SCJN y la propuesta de González Cervantes se suma la iniciativa que en 2011 presentó Eric Cotoñeto Carmona del PRD para aprobar la Ley de Sociedades de Convivencia.

El proyecto del perredista se mantiene en la congeladora a cinco años de su presentación. El objetivo de la propuesta es dar certeza jurídica a la relación entre dos personas del mismo sexo, las cuales a través de un convenio establecen un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua.

Malestar de juntas auxiliares provoca uso de la Ley Bala

Siete meses antes de la aplicación de la denominada Ley Bala, la LVIII aprobó modificaciones a la Ley Orgánica Municipal, la cual convirtió a las 651 juntas auxiliares en órganos desconcentrados de los ayuntamientos y les retiró a los presidentes subalternos la facultad de operar las registros civiles.

Previo a las protestas que habitantes diversas juntas auxiliares emprendieron para demandar el restablecimiento del registro civil en sus comunidades, el Ejecutivo remitió en mayo de 2014 la iniciativa de Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de elementos de las Instituciones Policiales del Estado, la cual se ganó el mote de "Ley Bala".

Desde su análisis, el proyecto que el Ejecutivo envió al Congreso a través de Luis Maldonado Venegas, otrora secretario General de Gobierno (SGG), recibió críticas de organizaciones en defensa de los derechos humanos, las cuales advirtieron que el objetivo de la reforma permitiría a los policías reprimir de manera violenta las manifestaciones.

Bajo ese escenario el 9 de julio de 2014 se dio el enfrentamiento entre elementos de la policía estatal y habitantes de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, perteneciente a Santa Isabel Cholula.

En el desalojo de los manifestantes de la autopista Puebla-Atlixco, los policías estatales usaron balas de goma. Uno de estos proyectiles impactó en la cabeza de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, niño de 13 años, quien una semana más tarde falleció.

Con la muerte de Tehuatlie Tamayo, el gobernador remitió el 21 de julio de ese año una iniciativa para abrogar la Ley Bala.

No obstante, 18 meses después la propuesta no se ha analizado por la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la Ley Bala sigue vigente.

Dejan fuera la participación ciudadana

Antes de que culminara el tercer periodo ordinario de sesiones, el diputado del PSI, Marco Antonio Rodríguez Acosta propuso al legislativo analizar, discutir y aprobar la Ley de Participación Ciudadana.

El documento es el tercero que se propone a las dos legislaturas -LVIII y LIX- del morenovallismo.

Los primeros proyectos se presentaron en la pasada legislatura (2011-2014) y surgieron de los entonces diputados José Juan Espinosa Torres (Movimiento Ciudadano) y Lauro Sánchez López (PRI).

La propuesta de Rodríguez Acosta -legislador cercano a Maldonado Venegas- considera el reconocimiento legal de mecanismos de participación ciudadana como el reférendum, el plebiscito, la consulta popular, los consejos ciudadanos y la iniciativa popular, pero no incorpora la figura del presupuesto participativo, el cual permite a los ciudadanos elegir el destino de los recursos públicos.

Para después la identidad de género

Al cumplirse cuatro años del asesinato de Agnes Torres, activista transgénero, las fracciones del PRD, Movimiento Ciudadano, del Verde Ecologista de México y del PT impulsan una reforma al código civil para el reconocimiento de la identidad de género.

La propuesta se presentó de manera formal el 3 de marzo ante el pleno del Congreso, sin embargo los grupos legislativos del PAN, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y tres legisladores del PRD forman una mayoría para frenar el beneficio para los integrantes de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexual (LGBTTTI).

Socorro Quezada Tiempo, impulsora de la llamada "Ley Agnes", propone cambios a los artículos 831, 931, 932 y 935 del código civil, los cuales plantean que se debe entender por identidad de género a la convicción personal de asumirse como hombre o mujer.

Dos semanas después de que el Congreso remitió la iniciativa a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y Procuración y Administración de Justicia, la juez penal de Atlixco, Claudia Ordoñez Pérez, dictó sentencia de 23 años y cuatro meses a los cinco de los seis asesinos de Agnes Torres Hernández.