A través de amparos, empresarios, activistas e incluso organizaciones civiles, buscan revocar el fideicomiso privado que el gobierno de Puebla creó en 2012 con la empresa Evercore-Protego para administrar los recursos que se recaudan vía el Impuesto Sobre la Nómina (ISN).

Distintos despachos jurídicos participan en la presentación de los recursos legales y uno de ellos es el que representa el abogado Rodrigo Diez Gargari.

Entre quienes ya se ampararon contra el fideicomiso se encuentran Enrique Cárdenas Sánchez, Gabriel Hinojosa Rivero, Claudio X. González Guajardo, María Elena Morera, María Amparo Casar, Ricardo Raphael, José Octavio López Presa y Mauricio Merino.

Sin embargo se prevé que otras personas y organizaciones de la sociedad civil se amparen contra la determinación de la administración estatal poblana de destinar los recursos del ISN a un fideicomiso privado.

Fideicomiso es inconstitucional: Diez

En entrevista vía telefónica, Rodrigo Diez explicó a e-consulta que con los amparos presentados en primera instancia, ante juzgados de distrito, se busca revocar el fideicomiso que en 2012 creó el gobierno del estado con Evercore-Protego de Pedro Aspe Armella, para administrar los recursos de ISN.

Según lo reconoció el pasado dos de febrero, Roberto Moya Clemente, jefe de la Oficina de la Gubernatura, el fideicomiso -que tiene carácter privado- se conformó como una fuente de garantía pago para proyectos multianuales, como el Centro Integral de Servicios (CIS), las plataformas de la armadora Audi y el Museo Internacional Barroco (MIB).

El abogado detalló que los términos del contrato del fideicomiso -de los cuales obtuvo copia tras dos años de litigio con el gobierno del estado, ya que estos documentos se declararon como “reservados”- demuestran que éste no fue aprobado por mayoría calificada del Congreso local, hecho que lo vuelve anticonstitucional.

En ese sentido, los amparos buscan echar abajo la figura en cuestión, ya que mediante esta se administran recursos públicos.

Diez indicó que existen jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que reconocen a ese tipo de figuras como inconstitucionales y como deuda pública no registrada, por lo que confió en que prosperen los recursos legales que presentó.

Aunado a lo anterior, el organismo administra recursos públicos y por ello debe ser fiscalizado, dijo.

Empresarios, activistas, juristas y ONG´s, se amparan

El abogado indicó que sus clientes –Hinojosa Rivero y Cárdenas Sánchez- presentaron amparos en su calidad de personas morales afectadas, pues tienen interés jurídico ya que a través de sus empresas deben pagar el ISN pero desconocen el destino de los recursos que tributan, ya que el fideicomiso es privado.

No obstante otros personajes que no tributan el impuesto referido al gobierno poblano, como él mismo, presentaron amparos como personas físicas que se sienten afectadas por el tema.

Detalló que la SCJN estableció que en materia de endeudamiento todos los ciudadanos tienen interés jurídico y pueden decirse afectados por la contratación de deuda que debe pagarse con recursos públicos.

En este sentido, adelantó que en próximos días distintas organizaciones no gubernamentales presentarán amparos contra el fideicomiso.

Cuestionado sobre el tema, Enrique Cárdenas –quien tiene un hotel en Cholula-, refirió que recurrió a un amparo pues desconoce en qué se emplean los recursos que paga al estado a través del ISN, pues recordó que hasta ahora el gobierno del estado no ha transparentado de qué manera se ha empleado el monto recaudado.

Diez Gargari confió en que los recursos legales presentados prosperarán, y que con ello la administración estatal transparente el uso de la recaudación del gravamen.