La iniciativa de ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios podría legitimar deuda estatal contratada de manera inconstitucional, como ocurrió en Puebla.

Así lo advirtió el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), la organización México Evalúa y el centro de análisis e investigación Fundar.

La propuesta de ley ya fue discutida en una primera lectura por el pleno del Senado de la República, y se prevé que este jueves sea nuevamente abordada por los legisladores.

De acuerdo con Enrique Cárdenas Sánchez, director del CEEY, la iniciativa carece de mecanismos de fiscalización hacia deudas estatales, pues convierte al gobierno federal en una garantía de pago de pasivos que ya existen y que pudieron ser contratados de manera irregular.

“… esta ley permite el otorgamiento de la garantía del gobierno federal para la refinanciación de deudas estatales que de origen pudieron ser inconstitucionales al no haber sido aprobadas por los Congresos locales y no representar las mejores condiciones para el estado”, cita un posicionamiento difundido por las agrupaciones citadas.

Como ejemplo de lo anterior, citó el caso del fideicomiso privado que el gobierno poblano creó con la firma Evercore-Protego, mismo al que se transfieren los recursos que se recaudan mediante el Impuesto Sobre la Nómina (ISN) para utilizarlos como garantía de pago de proyectos multianuales.

“Es un borrón y cuenta nueva para los estados”, alertó Cárdenas, quien indicó que como Puebla también puede citarse el caso deCoahuila, en donde en los últimos años los pasivos se incrementaron de manera exponencial.

En este sentido, indicó que la iniciativa debe considerar auditorías previas a las entidades federativas, para revisar el estado en el que se encuentran los pasivos de cada una de éstas. “Se deben exigir auditorías en la iniciativa, ya que las deudas las pagan todos los mexicanos y le faltan candados”, acotó.

Refirió que como en el caso de Puebla, en otras entidades también los ciudadanos desconocen el destino de los créditos que se contratan, “o si estos se ocuparon para pagar campañas políticas”, por lo que insistió en que la propuesta de ley debe ser modificada.

No obstante, la iniciativa ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y se prevé que este jueves sea nuevamente discutida por los senadores para autorizarla.