A cinco meses de que venza el plazo, Puebla es uno de los 21 estados de México que no cuentan con una ley o iniciativa para armonizar las leyes de transparencia que se aprobaron a nivel federal, destacó el Colectivo por la Transparencia, formado por organizaciones como Alianza Cívica, Artículo 19 y Fundar, entre otras.

Mediante un boletín de prensa el colectivo manifestó que el 4 de mayo del próximo año vence el plazo para que se armonicen las leyes estatales de transparencia con la ley general.

Pero aún 29 estados –Puebla, uno de ellos- no crean su nueva legislación; sólo Coahuila, Jalisco y Querétaro tienen un nuevo marco normativo.

De igual forma mencionó que la participación ciudadana sigue siendo la excepción, pues únicamente dos estados -Baja California y Quintana Roo- están implementando procesos formales de participación.

Pocos cumplen

En el comunicado, el Colectivo por la Transparencia señaló que con la aprobación de la Reforma Constitucional en 2013 y la Ley General en 2014, México cuenta con un marco robusto y garantista en materia de transparencia y acceso a la información.

Pero el gran reto es la implementación de este nuevo marco y que las entidades federativas -conforme al artículo quinto transitorio de la Ley General de Transparencia- armonicen sus leyes relativas, subrayó.

A partir de mayo del 2015 empezó a correr el plazo de un año para modificar las leyes estatales y sólo se ha llevado a cabo en tres estados: Coahuila, Jalisco y Querétaro.

“Es evidente que los congresos locales dejan para el final temas fundamentales que deben tratarse con la mayor apertura y discusión pública. Aunque poco, todavía hay tiempo”, destacó Guillermo Noriega Esparza, Coordinador de El Colectivo por la Transparencia.

En Puebla ni iniciativa

Noriega Esparza dijo si bien a cinco meses de que venza el plazo existen ocho estados que cuentan con al menos una iniciativa formal dentro de los registros de los Congresos locales, en otras 21 entidades no se ha documentado ni siquiera la existencia de un proyecto de iniciativa.

Tal es el caso de Puebla, donde el pasado 19 de noviembre organizaciones como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), el Nodo de Transparencia, Con los Ojos Abiertos, México Infórmate y Artículo 19, demandaron al Congreso de Puebla que inicie con la discusión para armonizar las leyes de transparencia.

De las 32 entidades federativas, solamente California y Quintana Roo han implementado procesos de participación ciudadana amplios y formales para que la sociedad civil pueda acompañar, vigilar y opinar sobre estos procesos legislativos.

En Baja California se ha organizado  foros de consulta y en Quintana Roo se ha elaborado un proyecto de ley con la participación de amplios sectores de la sociedad civil.

En el documento se destacó que, en general, los estados obstaculizan la apertura de los procesos legislativos. Como ejemplo se citó que el gobierno poblano se sigue oponiendo a la participación de los ciudadanos a pesar de las reiteradas demandas de organizaciones.

Lanzan campaña

Ante la falta de respuesta de los estados para armonizar sus leyes con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Transparencia, la organización lanzó la campaña #ArmonizaTuLey, que consiste en un monitoreo del proceso de armonización de las leyes estatales con el nuevo marco normativo de acceso a la información y  transparencia en el país.

Asimismo el Colectivo por la Transparencia llamó a las y los diputados locales a respetar los tiempos legales, armonizar sus leyes estatales con base en los estándares más garantistas e involucrar a la ciudadanía en este esfuerzo.

"La armonización de las leyes estatales es una oportunidad para terminar con la asimetría del derecho a saber en el país, abrir las puertas del debate democrático a la ciudadanía y sentar las bases para un ejercicio auténtico del acceso a la información, elemento vital para la rendición de cuentas y el combate a la corrupción en México", se adujo en el boletín de prensa.

En su informe "Transparencia, la deuda de Moreno Valle", Artículo 19 detectó prácticas que se llevan a cabo en el estado que impiden el acceso a la información, como son: que se haga una diferenciación entre ciudadanos para responder las solicitudes de información, que se cambie la modalidad de entrega  sin causa justificada; la declaratoria de inexistencia de información (notoriamente existente); la negativa de otorgar citas para el acceso directo a los documentos, y la cooptación de la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (CAIP).