• Sociedad

Reformas han propiciado despojo de pueblos indígenas: ONGs

  • Kara Castillo
En Foro señalan que comunidades otomíes, tepehuas, totonacas y nahuas son blanco de agresiones
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Otomíes, tepehuas, totonacas y nahuas son blanco del mayor despojo de la Sierra Norte de Puebla, denunciaron organizaciones que documentaron el avance de los proyectos extractivos en el estado de Puebla y las violaciones a los derechos humanos que les acompañan.

Precisaron que en las zonas altas se han concesionado más de 160 mil hectáreas a la minería; en la franja de mediana altura existen al menos 10 proyectos hidroeléctricos en marcha y en el territorio bajo han sido focalizados predios para la extracción de hidrocarburos, ubicándose más de 230 puntos de fracturación hidráulica, fenómeno que aseguran, irá avanzando conforme evolucionen las rondas de licitación.

El Consejo Tiyat Tlali, la organización Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (Poder) y el Centro de Análisis e Investigación, (FUNDAR), al término del Foro “Por el Derecho a la Vida y el Territorio en la Sierra Norte de Puebla” manifestaron su preocupación por la aprobación de las reformas estructurales y modificaciones al marco jurídico nacional que han creado las condiciones para el despojo a los pueblos de su territorio impulsando proyectos de muerte e imponiéndolos mediante la violación sistemática de los derechos humanos.

Organizaciones civiles  académicos y estudiantes, reunidos en la Facultad de Economía de la Benemérita Universidad de Puebla (BUAP)  denunciaron las estrategias de empresas privadas y gobierno y la confrontación comunitaria y el hostigamiento contra defensores y defensoras del territorio en el Estado de Puebla.

En el pronunciamiento, hicieron responsable al gobierno local del bienestar físico, psicológico y comunitario de los defensores y defensoras del territorio en las comunidades y organizaciones acompañantes de Cuetzalan, San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán e Ixtacamaxtitlan, por considerarlas movimientos pacíficos y legítimos, en el marco del derecho a la vida y al territorio.

Enfáticamente señalaron el  derecho legítimo que cada comunidad tiene de decidir y preservar sobre su cultura, sus formas de organizarse y de relacionarse con su entorno, desde la cosmovisión totonaca, náhuatl y otomí, frente a un tipo de desarrollo que no empata con sus modos de vida.

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