Puebla es uno de los estados del país que cuenta con normas ambiguas para regular el uso de la fuerza pública, hecho que propiciaría violaciones a los derechos humanos, señaló la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su último informe sobre desapariciones forzadas o involuntarias en México.

La “Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales” fue aprobada en mayo de 2014 y puesta en práctica por primera vez en julio de ese mismo año para dispersar una manifestación en la comunidad de San Bernardino Chalchihuapan, lo que propició el fallecimiento del niño José Luis Tehuatlie Tamayo.

En su informe del Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias en México, el cual fue dado a conocer este 15 de septiembre, el organismo internacional señala que a nivel nacional se ha hecho un pobre trabajo para frenar este tipo de ilícitos.

El documento expone que Puebla es un ejemplo de los lugares en donde hay códigos o leyes que regulan el uso de la fuerza policial bajo conceptos muy amplios o vagos, tales como “tomar las medidas necesarias” frente a “derechos de terceros” y “orden público”, los cuales permiten que en su aplicación pueda usarse la fuerza pública de manera arbitraria.

El reporte refiere que al realizar detenciones, los policías usualmente hacen uso de sus atribuciones de una manera desproporcionada, argumentando la existencia de “desorden” o “falta de tranquilidad social”, pero sin justificar las conductas que alentaron su actuación, además de que cometen violaciones a los derechos humanos.

“Ejemplo de estas legislaciones es la Ley para Proteger los Derechos Humanos y que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza por parte de los Elementos de las Instituciones Policiales en Puebla, la cual establece criterios ambiguos y desproporcionales para la realización de operativos y hacer uso de la fuerza”, cita el documento.

Destaca también que la normativa hace referencia a los fines que pueda perseguir una protesta de ciudadanos, tales como “de confrontación o mera manifestación de ideas” o “los aspectos políticos o socioeconómicos imperantes en el momento de la manifestación”, los cuales, dice la ONU, pueden llevar a tomar medidas desproporcionales, restrictivas y lesivas contra las personas.

El organismo internacional indica que ha hecho exhortos al gobierno mexicano para que a nivel federal haya un ordenamiento legal que regule el uso de la fuerza pública pero sin lacerar los derechos de quienes protestan, además de que esta obligue a emitir informes a quienes la apliquen, sin embargo ello no se ha cumplido.

Los antecedentes

La normativa en cuestión fue aprobada en mayo de 2014 por el Congreso local a iniciativa del gobernador Rafael Moreno Valle.

El 9 de julio del año pasado, los policías estatales -entonces a cargo de Facundo Rosas Rosas- desalojaron a pobladores de Chalchihuapan, pues realizaron un bloqueo de la autopista Puebla-Atlixco.

En el acto, los efectivos dispararon proyectiles de gas lacrimógeno y uno de estos artefactos lesionó de muerte a José Luis Tehuatlie.

Después de estos hechos, el Congreso anunció que derogaría la normativa, sin embargo ello no ha ocurrido hasta ahora. Incluso uno de los legisladores que trabajaría en la derogación de la ley, Eukid Castañón Herrera, de extracción panista, ahora es diputado federal.