A pesar de no contar con cifras sobre el feminicidio, los diputados que integran las Comisiones de Procuración y Administración de Justicia e Igualdad de Género presentaron una iniciativa para incluir  la condición del embarazo como agravante del feminicidio.

Aunque ayer se anunció el acuerdo de los legisladores, este día se oficializó la propuesta para reformar el artículo 338 quárter del Código de Penal,  con lo cual la penalidad va de 50 a 70 años de cárcel a quien cometa un crimen contra una mujer en estado de gravidez.

La presentación de la propuesta se dio durante la sesión de la Comisión Permanente, órgano que remitió a las comisiones proponentes el proyecto para que se analice y apruebe el dictamen.

En entrevista, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, presidente de la Comisión Permanente, indicó que la presentación y turno del proyecto de reforma es  parte del trámite legislativo con el que se tiene que cumplir.

La intención de incrementar la pena se originó en la desaparición de Paulina Camargo Limón, joven con 19 años de edad y que al momento de su desaparición contaba con 18 semanas de embarazo.

Por la desaparición de Camargo Limón, las autoridades estatales detuvieron a  su novio, José María Sosa Álvarez, quien presuntamente la asesinó por negarse a abortar.

El caso de Paulina Camargo Limón se suma a los de Karla López Albert e Irais Ortega Pérez, quienes fueron asesinadas por sus parejas en enero de 2015 y octubre de 2014.