Los 133 presos políticos existentes durante la gestión de Rafael Moreno Valle Rosas son la muestra de que no existe democracia en el estado de Puebla y de la “política del terror” que viven quienes se oponen a proyectos y planes del gobierno, coincidieron activistas, líderes de organizaciones sociales y las propias víctimas.

En el marco del Día Internacional de los Presos Políticos, que se celebró el 17 de abril, la representante del Comité para la Libertad de Presos Políticos y contra la Represión Social de Puebla, Carolina González Barranco, dio a conocer que desde 2011 a la fecha se contabilizan 133 personas detenidas en la entidad por su activismo político.

De ellos 16 se encuentran aún en prisión, 115 fueron procesados y dos están muertos, uno durante su encarcelamiento -Delfino Flores Melga- y otro a consecuencia de su encierro, pues tras pasar casi un mes en prisión, Antonio Víctor Montes Contreras, habitante de San Bernardino Chalchihuapan, padeció ataques de ansiedad, depresión e hipertensión arterial que derivaron en un accidente fatal el pasado 3 de febrero.

La lista también incluye a los tres transportistas detenidos el 14 de mayo por supuesta falsificación de documentos -Ángel Sierra de la Rosa, José Alfredo Sierra Rosete y Rosalina Carpinteyro Calderón-, después de fracasar las negociaciones para que se integraran a la línea 2 de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA), ya que eran los principales concesionarios del derrotero de las rutas Agua Azul-Mayorazgo y Galgos del sur, que corrían por la 11 norte-sur.

Reflejo de represión y falta de democracia

Para la representante del comité, las detenciones de ciudadanos y activistas, así como la lentitud en la resolución de los procesos jurídicos, coloca a los 16 presos de conciencia en un estado de indefensión.

"El número total de presos y detenidos refleja una situación de vulnerabilidad frente a la protección de los derechos humanos, pues subsiste un sello de represión gubernamental ante la movilización, la negación a proyectos gobierno-empresariales y la protesta social", manifestó González Barranco.

Asimismo reivindicó el derecho que tienen los poblanos para defender sus predios, expresar sus opiniones políticas, manifestarse de manera pacífica, oponerse a la expropiación de sus bienes, defender sus instrumentos de empleo, exigir la restitución de servicios del gobierno y defender el patrimonio cultural.

Por su parte Juan Carlos Flores Solís, arrestado el 7 de abril de 2014 por oponerse al paso del gasoducto Morelos por las comunidades de las faldas del volcán Popocatépetl, dijo que ninguna democracia puede jactarse de serlo si existen presos políticos.

"Sabemos que la democracia no es sólo votar (...) la democracia es entendida no solamente como una estructura jurídica y un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo", dijo el activista del Frente de Pueblos en Defensa del Agua y la Tierra Puebla Morelos Tlaxcala.

Desde el punto de vista de Flores Solís, quien salió del penal de San Pedro Cholula el 24 de enero de este año, en Puebla no hay una democracia sino una dictadura, donde el gobierno del estado impone una política de miedo con ayuda del ejército y la policía.

Pese a represión seguirá la lucha

Vía telefónica, Adán Xicale Huitlé y Paul Xicale Coyopol, aprehendidos el 7 de octubre por luchar contra la edificación de un parque en las inmediaciones de la pirámide cholulteca, aseguraron que para el gobierno poblano los presos políticos son delincuentes y no personas con derechos, por ello utiliza a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) como "garrote político" para castigarlos.

Paul comentó que Cholula siempre ha sido viva y digna, por lo cual no necesita ninguna plaza de concreto, lago artificial, fuente lúdica o enrejado, que al contrario de beneficiar a la población va a dañar el patrimonio arqueológico y cultural.

Agregó que no existe autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para ningún Parque Intermunicipal o de las Siete Culturas, ni tampoco para las “obras de mejoramiento urbano, deportivo, de esparcimiento y sustitución de calle, banquetas y andadores en espacios públicos de Cholula” que realiza el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee).

Por ese motivo Xicale Coyopol hizo un llamado para que niños y jóvenes de las Cholulas se alcen y luchen por su legado y cultura.

A su vez Adán Xicale Huitlé pidió que se restablezca el diálogo para resolver los problemas sociales en Puebla, que llevaron a que 133 personas hayan pisado la cárcel.

Siguen las amenazas contra la 28

Durante su intervención, Rita Amador López, esposa de Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, dirigente de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, señaló que el enlace telefónico con su esposo era complicado porque las llamadas se enlazaban después de varios intentos y que muchas veces se cortaban.

Sin embargo expuso que además del arresto ilegal de Simitrio el 19 de diciembre y dos días después de su hijo Rubén Sarabia Reyna, el gobierno del estado sigue reprimiendo a la 28 de Octubre, primero quitándole sus sitios de trabajo y luego amenazándola a ella y su hijo Tonatiuh.

Amador dijo que el viernes pasado recibió una llamada de un número privado, donde un sujeto le dijo que ya tenían ubicada la unidad en la que se movilizaba y que próximamente sería detenida. Ese mismo día, minutos después, entró una llamada a Xihuel Sarabia, hijo de Simitrio, donde le advertía que su hermano Tonatiuh tenía problemas fiscales y que iba a ser arrestado.

Aunque Rita Amador se dijo aterrada por el hecho, no saldrá del estado y seguirá encabezando las negociaciones con el ayuntamiento y el gobierno estatal para que liberen a Simitrio y su hijo, así como les devuelvan la mercancía decomisada y sus lugares de trabajo.